Dilatan juicio a exsíndico

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La justicia sigue dilatando la continuidad del proceso penal al exsíndico general Gerardo “Yacaré” Sanabria Mora, por un caso de lesión de confianza. Tiene que afrontar juicio oral.

La audiencia pública a Sanabria Mora fue paralizada hace 8 años, cuando un tribunal de sentencia, por mayoría, hizo lugar a un incidente de prejudicialidad a favor del exsíndico.

A fines de julio pasado, los ministros Antonio Fretes y Miguel Óscar Bajac (mayoría) votaron por declarar la nulidad de las resoluciones de primera y segunda instancias que concedió la prejudicialidad y ordenó la prosecución del juicio oral, trabado en octubre de 2007.

A pesar de la dilación desmedida en la misma Corte Suprema de Justicia, sigue sin realizarse el sorteo del nuevo tribunal de sentencia. Todo se debe a las trabas burocráticas.

El 6 de agosto, la Sala Constitucional envió el expediente a la Cámara de Apelaciones, Primera Sala, pero esta devolvió nuevamente el documento porque había “errores de foliatura”. La Sala Constitucional debía reenviar el expediente a la Cámara el viernes pasado, y esta a su vez seguramente lo hará al último tribunal de sentencia, para luego ser entregado al departamento que sorteará el nuevo tribunal que hará el juicio oral.

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Al inicio de su juicio oral en octubre de 2007, Sanabria Mora planteó el incidente de prejudicialidad ante el tribunal de sentencia integrado con Gustavo Amarilla, Doddy Báez y Gustavo Santander. Por mayoría, los dos primeros jueces nombrados coincidieron en la prejudicialidad. Argumentaron que el posible daño patrimonial que se produjo al no ejecutar una garantía hipotecaria de G. 4.000 millones en la quiebra de Bancopar no sería tal, porque el exsíndico Sanabria Mora planteó un incidente de nulidad de remate, que entonces estaba pendiente de resolución en el fuero civil.

Esta resolución del tribunal de sentencia fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, Primera Sala.

Al reenviar el caso para un nuevo juzgamiento, los ministros Fretes y Bajac sostuvieron que la declaración de prejudicialidad no fue sustentada por los jueces en alguna norma, sino que lo hicieron por arbitrio, y sin importar la decisión en el ámbito civil, el hecho punible ya se cometió.

Votó en disidencia el ministro César Garay.