En representación de dos firmas ganaderas del mencionado grupo empresarial internacional, los abogados José María Monges Báez, Modesto Monges y Diego Bertolucci presentaron ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad. Es contra la Ley 5194 por la cual se decidió expropiar 14.404 hectáreas de tierras que se encuentran en el distrito de Pozo Colorado, departamento de Villa Hayes, a favor de la parcialidad indígena Sawhoyamaxa.
Con la referida legislación se busca cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la cual se condenó al Estado paraguayo a entregar a la comunidad Sawhoyamaxa las 14.404 hectáreas de tierras, según los motivos que dieron origen a la norma legal ahora atacada de inconstitucional.
“Kansorl SA y Rosswell Company SA son empresas inversoras en el Paraguay de hace más de 30 años y forman parte del grupo Liebig’s que cumplen todos los requisitos fiscales, ambientales, forestales y que ha sido invadida en el año 2012 a los efectos de la expropiación, instigados por representantes de una ONG”, dijeron los accionantes ante la Corte Suprema.
“A pesar de ser una unidad productiva del rubro de la ganadería, nos vimos afectados por la invasión de la comunidad indígena Sahoyamaxa del pueblo Enxet”, sostiene la demanda.
Afirma también que “la Constitución Nacional prohíbe la expropiación de una propiedad privada productiva sin fundamento legal y mucho menos cuando la propiedad se encuentra invadida”.
Los recurrentes solicitan a la máxima instancia judicial una “medida cautelar de urgencia” que pueda suspender los efectos de la citada ley.
El caso quedó a consideración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, integrada por los ministros Antonio Fretes, Víctor Núñez y Gladys Bareiro de Módica, quienes deberán confirmar si estudiarán el caso o excusarse del mismo, según explicaron funcionarios judiciales durante el fin de semana.
Proponen “alternativas”
Tras alegar que la expropiación de más de 14.000 hectáreas de “tierras productivas” y racionalmente explotadas constituirá un enorme gasto al Estado, los accionantes proponen la entrega de “tierras alternativas” que saldrán gratis al país y los contribuyentes, dicen los accionantes.
“En este caso, las tierras alternativas constituyen las de la estancia ‘El Pedernal’ (de 31.307 hectáreas) del Estado paraguayo que no necesitaría realizar desembolso alguno de dinero para cumplir la condena de la Corte Interamericana”, agregan.
Aseguran que el territorio del “El Pedernal” se encuentra en la misma zona de las tierras que piden los representantes de la parcialidad Sawhoyamaxa.