Las acusadas son Alba Regina Urízar Valiente, Josefina Escobar Delgado y Carla Rocío Elina Florentín Diarte, quienes ahora están a las puertas de un eventual juicio oral.

La acusación revela que una pericia informática permitió constatar que en el periodo comprendido entre enero del 2010 a marzo del 2011, las funcionarias ahora acusadas han modificado datos correspondientes a las liquidaciones de un total de 143 empresas.

La investigación destaca que el IPS dejó de percibir mediante las maniobras realizadas por Urízar G. 677.480.228; por las de Escobar G. 363.309.754 y por Florentín G. 141.137.611, que en total arroja un perjuicio de G. 1.181.927.593.

Las acusadas, asignadas a la sección de Liquidación y Emisiones de Planillas y Extractos del departamento de Aportes Obrero-Patronal, tenían la función de expedir planillas, extractos de liquidación en relación a los movimientos mencionados, que hacen a la obligación de pagos, cotización de los empleadores en relación a sus empleados, entre otras, declaraciones que se hacen todos los días, cuya obligación es de manera mensual.

“Las citadas funcionarias del IPS, a través de sus usuarios informáticos, revertían dichas declaraciones asentadas por los empleadores, utilizando el sistema informático denominado “Power Builder”, utilizado solo para asegurados del sector público, que admite el cambio de la cotización por debajo del salario mínimo, por montos inferiores a los asentados, generando de ese modo que las patronales obligadas abonen sumas inferiores en carácter de aporte obrero-patronal, ocasionando un perjuicio patrimonial al IPS”, explicó el fiscal Fernández.

Ahora el juez del caso debe fijar una fecha para la audiencia preliminar y de encontrar elementos incriminatorios elevar la presente causa a juicio oral y público.