Fiscal general promete colaborar con Contraloría si se sujeta a la ley

Tras una mesa de trabajo sobre reforma del Código Penal en el Congreso, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, anunció que siempre que se sustente en una disposición legal, colaborará con la Contraloría respecto a los pedidos previos de legajos para el análisis de los bienes de doce fiscales anticorrupción, en la mira de los políticos como vendetta.

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Díaz Verón debe responder oficialmente hoy al pedido del contralor general, Rubén Velázquez, quien exigió que en un plazo de cinco días se remitan los documentos que guardan relación con datos, cargos, funciones de “todo el personal asignado a prestar servicios en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

A su vez, la CGR pidió que se especifiquen todos los ingresos percibidos por los agentes y sus funcionarios, detallando los descuentos que les fueran efectuados durante el mismo tiempo (5 años).

En el Ministerio Público se duda de la legalidad de la solicitud teniendo en cuenta que no hay denuncia penal, sino una disposición de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria.

No obstante, Díaz Verón utilizó la frase “quien nada debe, nada teme”. Acto seguido, indicó que no hay “absolutamente nada que esconder, siempre que el pedido se sustente en una disposición legal”.

De esta forma, se aguarda para hoy el resultado del análisis jurídico de la asesora del Ministerio Público, abogada Patricia Rivarola.

El fiscal general, asimismo, recordó que la propia Contraloría cuenta con la declaración jurada de cada funcionario público, por disposición constitucional, y que los fiscales de todo el país se sujetan a ese requisito.

A su vez, especificó que los salarios que perciben los agentes y auxiliares de Delitos Económicos se pueden encontrar en la página Web del Ministerio Público, ya que está a disposición de todos los ciudadanos.

Sin embargo, aseguró que pregonando la transparencia, el mismo es de la idea de proporcionar los datos respecto a los funcionarios que estuvieron en la Unidad Especializada en los últimos cinco años.

“En todo caso la responsabilidad es de la Contraloría en el sentido de qué van a hacer con eso”.

Referente a si se puede hablar de presiones de legisladores por procesos de corrupción abiertos, indicó que no podía referirse al respecto. “Yo apoyo la labor de los agentes fiscales. No puedo hablar de presión política, ni de otro tipo. Hay un pedido y nosotros lo que vamos a ver es si se justifica y de acuerdo a eso, proporcionar una respuesta”, finalizó.

Contraataque de diputados

A principios de este mes, la Cámara de Diputados dispuso una investigación a los 12 fiscales anticorrupción, en una clara vendetta por procesos abiertos por presuntos “negociados” de los legisladores. Entre ellos están los senadores Carlos Filizzola (Frente Guasu), Víctor Bogado (colorado) y Enzo Cardozo (liberal); los diputados Milciades Duré (PLRA), Édgar Acosta (PLRA) y Óscar Venancio Núñez (ANR), además del parlasuriano Enmanuel Friedmann. Asimismo, hay más de veinte políticos indagados por supuesto daño de US$ 149 millones, que aún no fueron imputados.

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