Los acusados José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos, y el abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública, pidieron al tribunal de sentencia integrado por los jueces Manuel Aguirre, Lizza Battilana y Lourdes Peña, le extinción por reparación realizada por las proveedoras.

Según el fiscal dos Santos, la compra de los fármacos de forma innecesaria fue por valor de G. 5.000 millones y el perjuicio rondaría los G. 1.118.453.778. El agente se opone porque la reparación no fue realizada por los acusados.

En ese sentido, ya en 2013 el Laboratorio Fusa accedió a realizar un canje de una partida de las drogas que ya vencieron, y por su parte, Fapasa llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud y la empresa le otorgó una quita de G. 1.387.038.794, pero el Estado debe pagarle aún más de G. 2.500 millones.