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Pereira explicó que apenas recibió la denuncia, como primera medida requirió al titular de la Municipalidad de Asunción un informe sobre el caso. Hasta ayer no recibió respuesta alguna, pero aclaró que Samaniego tiene plazo para hacerlo dentro de esta semana.
A través de una denuncia presentada ante la fiscalía barrial N° 2, ubicada en el barrio Herrera, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) solicitó al Ministerio Público que determine la responsabilidad penal de los funcionarios responsables del hogar municipal El Abrigo, en la falta de asistencia médica a la niña M.
M. tiene 4 cuatro años y desde marzo pasado espera ser sometida a una cirugía de catarata, en el ojo izquierdo. La Fundación Visión se hizo cargo de los costos de la cirugía –cuyo costo oscila entre G. 5 a 7 millones en servicio médico privado– pero no se realizaron las gestiones necesarias para ello.
Diana Vargas, una de las comisionadas del MNP, indicó que las representantes del abrigo indicaron que no cuentan con autorización judicial. Sin embargo, el expediente correspondiente, a cargo de la jueza de la Niñez María Cristina Escauriza, no contiene ningún pedido de autorización para realizar la operación, ni siquiera un informe sobre la situación que afecta a la niña.
La coordinadora del hogar es Natividad Rojas. El abrigo está a cargo de la directora de la Codeni Miriam de Franco, que a su vez depende de la Dirección General de Asuntos Sociales, María Teresa León.
A través de un mail, la dirección de Prensa de la Comuna capitalina informó ayer que realizan gestiones ante el juzgado de la Niñez para poder realizar la operación y destaca que los niños son asistidos tres veces a la semana, por una pediatra.
Fundación espera
Por otro lado, Mirian Monges, asesora de Prensa de la Fundación Visión, reiteró el ofrecimiento.
“La idea es de que se le pueda ayudar, entonces queremos hacerle saber a las personas que tienen que tomar la decisión que Fundación Visión sigue en la posición de hacerle la cirugía a esa niña”, indicó.
Mañana: Ahora, la Corte Suprema estableció plazos.