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Dos denuncias fueron presentadas contra Iturburo, que fue destituido en el Tribunal Superior de Justicia Electoral tras el escándalo de filtración de audios que revelaron que negociaba cambiar las cargas de actas electorales, en las elecciones generales de abril del año pasado.
Los denunciantes son Liliana Boccia, apoderada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y Luis Fernando Cabrera, director jurídico del TSJE.
Los fiscales Alcaraz y Zilbervarg dicen que, básicamente, “carecen de suficientes indicios fácticos” para atribuir a Iturburo hechos punibles de fraude electoral y alteración de datos electrónicos.
En el polémico audio filtrado por ABC Cardinal, Iturburo decía: “Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 o 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea, y te voy a decir cuánto, y te voy a cobrar también. No me importa ya ahí; pero si te faltan 5.000 votos, no puedo”. A su vez, indicó a su interlocutor que benefició al imputado exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace) y a la senadora Lilian Samaniego (ANR, excartista).
Inclusive habló de que Oviedo le transfirió una camioneta. Esto último, efectivamente, fue comprobado con la testimonial del dueño de un taller de vehículos que indicó que Iturburo ingresó una camioneta Changan “Lino O”, dijo ser el dueño y que quería ponerlo a punto para venderlo, pero ya no retiró el rodado porque no abonó las reparaciones.
Esto no fue indicio suficiente del negociado de votos con Oviedo Matto.
Testimoniales
Las testimoniales de los propios funcionarios de la Justicia sirvieron para concluir que Iturburo no pudo “cargar datos de los resultados del TREP”. El TSJE, además, nunca exhibió actas electorales ante denuncias de indicios del fraude.