Cargando...
La fiscala Gilda Villalba, en el escrito presentado ante la Cámara, señaló que además del desconocimiento y mala aplicación de la ley, en la sentencia cuestionada se evidencia la falta de unidad de criterio de la citadas magistradas “la cual genera una falta de seguridad jurídica, función principal que deberían velar para salvaguardar las normas del ordenamiento jurídico en cumplimiento a la función nomofiláctica”.
Para demostrar las graves y sospechosas contradicciones de De Witte y Sanabria, la agente del Ministerio Público enumeró varias sentencias, en las cuales las juezas tuvieron una postura distinta a la asumida en el juzgamiento de Zulma Celestina Penayo González por posesión y tráfico de drogas, en donde dictaron la sentencia criticada por Fiscalía.
En la referida causa, las magistradas dijeron que para que se cometa el hecho punible de tráfico de estupefacientes, la acusada tiene que estar inscripta como importadora o exportadora, según la interpretación que hicieron de lo que establece el artículo 26 de la Ley 1340 (antidrogas).
La decisión de las dos juezas es una “infracción a la norma jurídica y a la lógica del razonamiento”, enfatiza la fiscala en su escrito ante la Cámara. Agrega que el Ministerio Público no puede dejar de recurrir e impugnar la decisión, porque de lo contrario quedará firme la sentencia definitiva que siente un nefasto precedente.
Lo que el Ministerio Público teme es que este fallo pueda ser usado a favor de “peces gordos” del tráfico de droga, por el tribunal de sentencia que integran De Witte y Sanabria.
La juez Elsa García, quien también conformó el Tribunal que juzgó a Zulma Penayo, votó en disidencia a sus dos colegas, cuya postura es atacada ante la Cámara por la fiscala Villalba.
“No es criterio de esta jueza que el autor de esta clase de hechos punibles deba reunir la calidad específica y especial de importador o exportador constituido legalmente”, señaló la jueza García.
La magistrada enfatizó que “ninguna persona constituiría legalmente una empresa importadora o exportadora para dedicarse a actividades prohibidas y sancionadas por la ley”.
“Vemos que la acusada realizó todas las maniobras y pasos previos, con el fin de, efectivamente, transportar la sustancia estupefaciente a Bilbao, España; ingirió las cápsulas de cocaína, se tras-
ladó al aeropuerto y por último realizó los trámites y diligencias previas en la zona de embarque del aeropuerto para abordar el vuelo que la llevaría a Bilbao”, apuntó García.
Penayo fue condenada a tres años y seis meses de cárcel y la fiscalía había solicitado cuatro años y nueve meses de penitenciaría.
Las posturas contradictorias de De Witte, Sanabria y otros jueces, en los procesos por tráfico de droga generan sospechas y comentarios, atendiendo a que los enjuiciados, en la mayoría de los casos, son personas con mucho poder económico.
Muchos magistrados cuestionados, incluso no deberían ejercer funciones en Asunción sino en otros puntos del país, ya que fueron electos para el interior. Sin embargo, gracias a los ministros de la Corte que los apadrinan son trasladados a la jurisdicción de Capital, en forma totalmente irregular.