Benítez Flores, también conocido como “Chino”, fue detenido conjuntamente con otro indígena, Isabelino Barreto Duarte, ambos de la parcialidad ava guarani, el 4 de abril pasado, durante un operativo realizado en las inmediaciones de la terminal de Ciudad del Este.
Durante el operativo, la comitiva fiscal y policial procedió además al rescate de 21 niños, niñas y adolescentes, víctimas de explotación sexual.
Una de las principales pruebas ofrecidas por el Ministerio Público para su reproducción en juicio es una filmación realizada por un agente encubierto de la Policía Nacional, realizada a modo de anticipo jurisdiccional de prueba.
Por 10 mil guaraníes
Es así que obtuvieron varios minutos de filmaciones de varias víctimas que ofrecían sus servicios sexuales por sumas que iban desde diez mil guaraníes en delante. Y además se pudo registrar que algunos niños bajo efectos de la cola de zapatero realizaban también las ofertas de las niñas, coincidiendo en que una parte del dinero recaudado de la explotación sexual era para Chino, el líder de los mismos”.
La Fiscalía abrió una investigación a raíz de una denuncia presentada por el ministro del la Niñez Carlos Zárate, en marzo pasado ante la Unidad Especializada de Trata de Personas.
Para Barreto Duarte, quien fue detenido con 1 lata de 1 kilo de cola de zapatero, las fiscalas solicitan sobreseimiento provisional.
“Si bien Isabelino Barreto se encontraba en el lugar del procedimiento realizado, solo fue señalado por las víctimas como supuestamente el proveedor del pegamento para la inhalación de los niños y niñas en situación de calle; sin embargo, el mismo no ha podido ser vinculado con los hechos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo”, explica la Fiscalía.
CASO SIMILAR EN LUQUE
En la ciudad de Luque se tramita una causa similar, en la que el fiscal Andrés Arriola acusó y pidió juicio oral para el líder indígena Máximo Arce, por proxenetismo. El nativo fue detenido el 27 de noviembre del año pasado, durante una intervención realizada por la fiscalía en el campamento ubicado en las inmediaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tras recibir G. 100.000 por los servicios sexuales de dos niñas de 12 y 16 años.
La negociación previa y la paga fue realizada por un funcionario encubierto, que registró la charla con una cámara oculta. Arce incluso pidió tiempo porque las niñas no estaban lo suficientemente dopadas para “aguantar”.