Según el querellante adhesivo, la supuesta estafa se produjo cuando la firma ganadera Franig SA realizó operaciones de compraventa de ganado, conforme a las guías de traslado adjuntadas en el expediente del Ministerio Público.

Supuestamente, Almada Ojeda entregó cheques de pago diferido, girados sobre su cuenta corriente, cargo Banco Itaú, por un monto total de G. 10.529.800.000.

Según Casati, el querellado hizo creer a su cliente Carlos Ramírez (presidente del directorio) que era un próspero y solvente ganadero, entregando a Franig SA varios lotes de ganado. Sin embargo, cuando se presentaron los cheques en el banco para su efectivización, fueron rechazados en su totalidad por cuenta cancelada, firma ineficiente e inhabilidad para operar en cuenta corriente, produciéndose de esta manera el perjuicio patrimonial.

Casati solicitó al juzgado la imposición de prisión preventiva al concejal Almada Ojeda, ya que existe peligro de fuga y habría igualmente posibilidad de obstrucción a la investigación.

El querellante sostiene que existen otras víctimas de la conducta dolosa de Almada Ojeda.

La causa radica ante el juzgado de la jueza con permiso para ser ministra de Justicia, Carla Bacigalupo. La jueza penal Lici Sánchez fue designada para interinar a Bacigalupo.