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De acuerdo a los datos oficiales, ya en el año 2014 el Ministerio de Justicia presentó al de Hacienda un proyecto que contemplaba la construcción de nuevas cárceles, por ejemplo, en Emboscada y Ciudad del Este.
Los documentos fueron aprobados y se autorizaron los llamados desde julio de ese mismo año, para ser ejecutados en el marco de la Ley N° 5074 “Proyectos de llave en mano”.
Esta modalidad, aceptada inicialmente por el Ministerio de Justicia, consiste básicamente en adjudicar las obras a una determinada empresa, que a su vez administraría los penales por un plazo, por ejemplo, de 20 años, mientras el Estado paga en cuotas, con el interés correspondiente.
Cambios de postura
Sin embargo, en el 2015, la entonces ministra, Sheila Abed, cambió de postura sobre dicha modalidad, por lo que el Ministerio de Hacienda ofreció entonces financiar los proyectos a través de alianzas público-privadas (APP), pero el Ministerio de Justicia se opuso de nuevo.
Después, Abed pidió que se pagaran las obras con préstamos de organismos multilaterales, donaciones, recursos del Tesoro o emisión de bonos, siempre según los antecedentes que obran en Hacienda.
¿Recién en el 2018?
La actual ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, a su vez, presentó en marzo de este año al Equipo Económico Nacional (EEN), encabezado por el Ministerio de Hacienda, un nuevo proyecto que ya contemplaba la construcción de seis nuevas y modernas prisiones para 1.000 a 1.200 reos cada una, cuatro en Emboscada y otras en Minga Guazú y Coronel Oviedo.
También solicitó el financiamiento vía bonos soberanos, porque alegó que la aplicación de la modalidad de “llave en mano” podría demorar varios meses, a lo que el Ministerio de Hacienda le respondió que ella misma podría gestionar esos recursos ante el Parlamento.
Sin embargo, hasta ahora el Ministerio de Justicia supuestamente sigue haciendo ajustes a los planos de las cárceles y elaborando el pliego y el contrato, que estarían listos en dos meses, cuando iniciarían los llamados, aunque las obras demorarían, como mínimo, un año más.
Entonces, las seis nuevas cárceles, que podrían llegar a costar en total unos 115 millones de dólares, se habilitarían recién en el año 2018.
3.700 nuevas plazas
La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, por su parte, justificó ayer a radio ABC Cardinal que desde el inicio de su gestión ya se iniciaron varias obras de refacción en distintas cárceles y anunció la habilitación de 3.700 nuevas plazas para internos.
Fue al responder sobre el deplorable sistema penitenciario, que se evidenció con la muerte de seis personas en un incendio en Tacumbú, ocurrido el viernes último.
En el siniestro, perdieron la vida el jefe de seguridad del presidio, Blas Gaona, así como los internos David Fraser, César Herrera, Francisco Benítez, Alfredo Maciel y Daniel Salinas.
No hay planos de Tacumbú
El ingeniero Carlos Halke, director de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción, dijo a ABC Color que en la Comuna no obran los planos del penal de Tacumbú, lo cual infringe lo establecido en el reglamento general de construcciones y el plan regulador. Además, la estructura no cuenta con protocolo de prevención contra incendios, establecido también por ordenanza.
A esta conclusión llegó la dirección de Obras de la Comuna luego de una verificación del penal. Halke indicó que elevarán un informe técnico de manera a que la Dirección General de Obras y la Asesoría Jurídica determine las acciones, entre las cuales está la posibilidad de clausurar la cárcel.