Cargando...
Durante la audiencia preliminar, el magistrado no hizo lugar al incidente de sobreseimiento definitivo planteado por los abogados defensores Agustín Guillén y Teresa de Alcaraz, aunque sí aceptó el ofrecimiento de pruebas. A su vez, negó a la defensa técnica la exclusión probatoria y nulidad de la acusación del Ministerio Público.
Los fiscales Aldo Cantero y Liliana Alcaraz se ratificaron en la acusación por presunta estafa de G. 411.445.553, con cobros de remanentes de 934 cheques de juicios ejecutivos, y el pedido de elevación a juicio oral.
En este caso aceptaron el ilícito y lograron una suspensión condicional del procedimiento a prueba, las coimputadas Lizza Monserrat Montero, actuaria de Rodríguez, y Myriam Selva Pérez, la abogada que solo tenía intervención en uno de los 21 expedientes con los que se benefició. Los cobros irregulares fueron descubiertos tras una auditoría ordenada por la Corte Suprema.
La acusación fiscal refiere que en su carácter de jueza, Rodríguez firmó órdenes de pagos entre octubre de 2009 y mayo de 2010, luego de tener un relevamiento de las cuentas abiertas a nombre de su juzgado, de parte de la Contaduría General de los Tribunales.
“La señora Ana María Rodríguez, en su calidad de jueza de Paz del Distrito de San Roque, entre octubre de 2009 y mayo de 2010, solicitó en cuatro oportunidades a la Contaduría General de los Tribunales, el estado de las cuentas habilitadas a la orden de su juzgado”, resalta la acusación de los fiscales.
Ahora, el magistrado Riquelme resolvió que la jueza de plaza afrontará juicio oral y público por el hecho punible que le atribuye el Ministerio Público.