A pesar de que el juez en lo civil y comercial Arnaldo Martínez Rozzano no se animó a ordenar al JEM que entregue las copias de las actas, la Cámara de Apelaciones sí hizo cumplir la ley de Acceso a la Información Pública y ordenó al Jurado que entregue estos documentos en los que se asientan los votos de sus miembros para destituir, sancionar o abrir procesos a los jueces y fiscales.

El JEM también debe entregar informes sobre la utilización de recursos humanos y financieros. Existe fundada sospecha de que por lo menos 43 funcionarios a los que se pagaron G. 845 millones en el 2016 son operadores políticos o planilleros, o ambas cosas.

El JEM debe informar también a la Coordinadora que preside Kattya González de cuáles son las tareas de estos funcionarios.

Asimismo, debe proveer datos sobre los autos interlocutorios (AI) emitidos entre los años 2015 y 2016.

Las acusaciones contra el JEM revelan que este órgano es utilizado para coaccionar y solicitar sumas de dinero a jueces y fiscales para que sean “blanqueados” de sus procesos.