Néstor Fabián Suárez Galeano fue confirmado por la Corte Suprema la semana pasada para ejercer como fiscal por un nuevo periodo, y ayer juró ante ministros de la máxima instancia judicial. Hasta aquí no habría nada llamativo, si no fuera porque Suárez no presta servicio en el Ministerio Público.
El citado agente está prácticamente hace un año como asesor jurídico del Banco Nacional de Fomento, en donde percibiría un salario de G. 25 millones, además de otros beneficios.
El fiscal hace rato está con permiso, que le otorgó el fiscal general, Javier Díaz Verón.
Suárez ya fue asesor jurídico del Ministerio del Interior durante la gestión de Rafael Filizzola.
Como asesor jurídico del BNF, dio el visto bueno para el pago de G. 47.000 millones a la empresa San Agustín por el Indert. Durante la gestión de Luis Ortigoza, esta institución compró 5.000 Ha. en Cordillera para la “reforma agraria”.
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La empresa San Agustín está vinculada al senador Jorge Oviedo Matto (Unace). Precisamente este parlamentario fue quien, cuando estaba en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pidió el procesamiento de Suárez en el 2011 por haber liberado a un sospechoso de robar un banco. En solo ocho días, la denuncia ante el Jurado fue desestimada y, llamativamente, Oviedo Matto no asistió a la audiencia.
En situación similar a la Suárez están el fiscal Francisco de Vargas (ministro del Interior), Javier Ibarra (viceministro de seguridad), Jorge Kronawetter (director de Migraciones); Olindo López, asesor jurídico del Ministerio del Interior, y Soledad Quinóñez, ministra Anticorrupción, entre otros.
De Vargas llevó a la cartera de Interior a sus colegas de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía, donde debían prestar funciones.
El permiso que otorga Díaz Verón genera un malestar entre los fiscales, quienes tienen que hacer el trabajo de sus colegas.