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Una parte de los documentos se incautó el 29 de 2011, de la casa de cambios Forex, de Ciudad del Este. La diligencia estuvo a cargo del fiscal Édgar Torales.
Otra parte se confiscó el 30 de agosto de 2012 de la Consultora Manager, del imputado y prófugo Felipe Ramón Duarte.
Dicha oficina era la “incubadora” de las empresas ficticias. El fiscal René Fernández encabezó ese operativo.
Los otros papeles la fiscalía encontró el 8 de enero de 2013 en el departamento donde fue detenida la imputada Sady Caríssimo, quien figura como presidente de la firma ficticia Strong y exempleada de Duarte. La diligencia fue encabezada por la fiscala Juliana Giménez.
La auditoría estará a cargo de Sheila Giménez, del Laboratorio Forense del Ministerio Público, y del licenciado Augusto Mengual, que representa al juzgado a cargo del juez Marino Méndez.
Esta es una prueba de fuego para el Laboratorio Forense de la Fiscalía, atendiendo que existen versiones que señalan que los implicados en el hecho buscarían maniobrar para que las conclusiones de los peritos les favorezcan. Además, la referida dependencia, a través de sus peritos, siempre favoreció a los “peces gordos” investigados. Por ejemplo, en la investigación al extitular de Itaipú Víctor Bernal concluyeron que el mismo puede justificar su patrimonio con el salario y otros beneficios que percibía cuando era director de la binacional.
La auditoría se hace como un anticipo jurisdiccional, es decir, que el resultado se podrá usar como prueba en un eventual juicio oral.
En esta causa hasta ahora hay más de 20 imputados, todos vinculados a las empresas ficticias.
Llamativamente, hasta ahora la Fiscalía no imputó a los empleados de los bancos que avalaron los envíos irregulares al exterior ni tampoco a los terceros que usaron a las empresas ficticias para remesar los dólares.
La exclusión de los empleados de las entidades y de los terceros es lo que genera sospechas sobre la actuación del Ministerio Público.
Las fiscalas Giménez, Fátima Burró y Nilda Cáceres fueron recusadas ayer por la defensa de la imputada Nilsa Romero de Duarte, esposa de Felipe. En consecuencia, la causa queda a cargo de los fiscales Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga, según fuentes cercanas a la investigación.