La acusación presentada por la fiscala Yolanda Portillo sostuvo que el hecho ocurrió durante gestión de Ortigoza en los años 2011 y 2012 cuando era titular del Indert.

“Se dieron expedientes inexistentes, el doctor Ortigoza firmó las adjudicaciones, se hicieron los trámites y por otra parte también, con personas que no eran beneficiarias de la reforma agraria”, explicó la fiscala Portillo, tras indicar que el perjuicio producido por la enajenación de la propiedad sería de unos G. 40.000 millones.

“Es completamente injusto”, dijo Ortigoza, tras resaltar que los hechos ocurrieron 3 meses después de su salida del Indert. Fue el 8 de febrero pasado, cuando el juicio se pospuso por recusación al tribunal.