Se trata de funcionarios permanentes y contratados que han percibido subsidios de los siguientes programas y proyectos destinados a combatir la pobreza extrema: Tekoporã, Abrazo, Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, Subsidios a Universitarios Indígenas, Asistencia a Indígenas y Titulando Tierras a sus Nombres.
La denuncia correspondiente fue presentada este año por la entonces titular de la Secretaría de Acción Social, Nuria Isnardi, quien sindica a los denunciados como presuntos responsables de los delitos de producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.
“El programa Tekoporã está dirigido a los hogares en situación de extrema pobreza del área urbana-rural y busca garantizar el acceso a salud, educación y seguridad alimentaria de los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, comunidades indígenas y personas portadoras de discapacidad. Por lo que difícilmente un funcionario público que está recibiendo un salario del Estado paraguayo pueda acogerse a un beneficio destinado a compatriotas en extrema pobreza”, explicó Isnardi.
“De igual manera, es imposible que un funcionario público pueda acogerse a este programa (Abrazo). Lo mismo ocurre con los demás programas mencionados”, subrayó la denunciante.
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