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De 497.000 millones que se le asignó en el 2009 al Poder Judicial, la cifra se elevó a 1 billón 25.000 millones de guaraníes en el 2014. Sin embargo, pese al millonario incremento del presupuesto, no se han podido solucionar los problemas históricos de la administración de justicia.
Entre otras cosas, continúan la mora judicial, la burocracia en la tramitación de los casos y la mala atención a los usuarios. Además, no se pudo rever la pésima imagen y la percepción de desconfianza de la ciudadanía.
De acuerdo a los datos estadísticos, entre 200.000 y 250.000 causas ingresan al año al sistema, según una publicación del Centro de Estudios Judiciales, sobre las cifras que manejan en la justicia.
Los datos obtenidos en el propio Poder Judicial revelan que en el año 2009 quedaron 119.948 causas dentro del sistema. Es decir, que la justicia pudo dar solución solo al 50 por ciento de los conflictos suscitados.
El 2010, fue el año de más baja producción según los datos, ya que los jueces de todo el país dictaron solo 111.007 sentencias definitivas, en las casi 250.000 causas ingresadas.
Lo cierto y concreto es que el Poder Judicial puede solucionar solo el 50% de las causas ingresadas.
Atendiendo estos datos, podemos concluir que cada año quedan 100.000 conflictos si resolverse. Sumado esto, en los últimos seis años tenemos que en 600.000 o más casos falta que los jueces dicten sentencia definitiva.
La solución de los conflictos, que se presentan ante los diversos juzgados y tribunales de la República, es la función primordial del Poder Judicial. La forma legal de resolver los casos es a través de sentencias definitivas. Por lo tanto, el dinero público debe ser destinado para ese fin y no para saciar intereses de legisladores, con quienes se tiene que negociar cada año el presupuesto judicial.
Dinero para el 2014
El Poder Judicial tiene asignado para este año un presupuesto de alrededor de US$ 227 millones, o sea 1 billón 25 mil millones de guaraníes.
De este total, el 73 por ciento se destina al pago de salarios y otros beneficios de más de 10.000 funcionarios permanentes y alrededor de 1.200 contratados.
El 65% del dinero asignado corresponde a recursos del Tesoro; 34 por ciento a ingresos propios y 1% a créditos públicos.
Se habla de un déficit de G. 40.000 millones, por lo que la Corte solicitará una ampliación del presupuesto al Congreso.