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Proponen acuerdo para eludir juicio oral por millonaria estafa al Indert

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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Con una propuesta de acuerdo seis acusados por estafa al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) suspendieron ayer una audiencia preliminar que tenían en forma conjunta con el expresidente del ente. La nueva fecha prevista para la diligencia es el 21 de setiembre, ocasión en que el Ministerio Público deberá resolver si acepta o no el acuerdo.

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Alfredo González Ramírez, Ide Joel González Ramírez, Enriqueta Guerreros de González, Anselmo Benítez González, Antenor Dionisio González y Bernardo Benítez González son los acusados que pretenden llegar a un acuerdo.

A través de una nota presentada por la abogada Alba Zaracho, los acusados solicitaron una prórroga de 20 días hábiles a los efectos de poder agotar un acuerdo en instancias administrativas. Específicamente, los acusados ofrecen al Indert pagar la diferencia de los lotes adquiridos, de manera a poder gestionar una salida alternativa al juicio oral y público, sobre la base de la reparación del daño.

En su nota Zaracho aclara que la propuesta ya se encuentra en curso y si bien ha tenido una acogida favorable prima facie, aún debe ser objeto de estudio por parte de la Dirección Administrativa y de la Dirección Jurídica del Indert, entre otros estamentos que deben expedirse acerca de la viabilidad de la propuesta, así como respecto a las condiciones de pago.

Consultado acerca de la postura del Ministerio Público ante este nuevo panorama, el fiscal René Fernández explicó ayer que están expectantes de la respuesta de la entidad, para luego definir qué medidas serán tomadas en cada caso.

La Fiscalía acusó a 14 personas en esta causa, que tiene relación con la venta irregular de 13 inmuebles (52.000 ha) ubicados en colonia Mayor Pablo Lagerenza, distrito de Bahía Negra, Alto Paraguay. Además de las personas ya citadas y el propio expresidente del ente, los demás compradores Hermes Barrios Gaona, Mirtha Graciela Díaz de Palacios, Elvio Aurelio Araújo Florentín, Martín López Agüero, Silo Guerrero Acosta, Mirta Lourdes Araújo Armoa y Lino Marín Brizuela también están acusados.

El presunto perjuicio patrimonial en este caso es de G. 15.381.715.000, según la acusación por lesión de confianza de los fiscales René Fernández y Silvia Cabrera.

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