La empresa de maletín ADC, propiedad de Alejandrino Duarte Centurión, consiguió jugosos contratos financiados con recursos otorgados por la Municipalidad de Lambaré.
Uno de esos contratos fue por G. 266 millones para la construcción de tres aulas en el Colegio Nacional Lambaré (CNL), cuyo techo colapsó el 30 de setiembre último dejando heridos a 14 alumnos.
Nuestro diario accedió a la copia de una de las facturas emitidas el 5 de diciembre de 2012 por la empresa ADC Construcciones, por la suma de G. 133 millones (ver foto). Era en concepto de los trabajos de construcción de tres aulas en el CNL. En la boleta figura el nombre de la empresa, el de su propietario y la dirección donde funciona, entre otros datos.
La dirección indicada en la factura, Boquerón 451 casi Gral. Díaz, de Luque, corresponde a una modesta vivienda en la que residen los padres y hermanos del “empresario”. Los vecinos comentan que Duarte Centurión es músico y que su hermano fallecido era contratista de Itaipú.
Otras informaciones dan cuenta de que la empresa de maletín consiguió facturar a la Comuna lambareña, a través de diferentes escuelas y colegios –en 2012 y 2013– cerca de G. 3.000 millones.
Uno de los documentos confirma que la empresa solicitó la emisión de boletas (timbrado) a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) unos días antes de empezar a facturar a la Municipalidad.
Un informe de auditoría de Contraloría de 2013 señala un daño patrimonial a la comuna por las obras chapuceras de ADC por G. 77 millones, pero no emitió reporte de hechos punibles.
Intendente violó leyes
El político colorado Roberto Cárdenas violó la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas al no convocar a una licitación pública para adjudicar las obras a ser ejecutadas con el Fonacide en las escuelas y colegios.
Al transferir la tarea se lavó las manos y evitó la fiscalización de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que de alguna manera ejerce cierto control sobre el cumplimiento de los contratos financiados con los recursos del Estado. Infringió la Ley 4758/2012, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que exige el control de calidad de las obras.
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