Grupos de damnificados se ubicaron en la avenida Costanera casi Artigas y en el paseo central de la avenida 21ª Proyectada, pese a una expresa prohibición municipal de instalarse en espacios públicos. La resolución municipal N° 1307/2015 tiene el aval judicial y está vigente, según el abogado Benito Torres, asesor jurídico de la Intendencia.
Torres dijo que el desalojo debe ser ejecutado por la Policía Nacional.
Consultado al respecto, el asesor jurídico de la Comandancia, comisario Espínola, aclaró que la Policía Nacional no puede actuar de oficio, y solo está facultada a acompañar un procedimiento de desalojo y velar por el cumplimiento del mandamiento judicial al respecto.
“Detrás de un mandamiento debe venir un oficial de justicia”, explicó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Afirmó que en junio pasado recibieron un oficio judicial por el cual se informaba a la Policía sobre la resolución municipal y pedía el desalojo, pero no se presentó ningún oficial de justicia. “Ese expediente está en el Dpto. Judicial de la Comandancia. En los casos de desalojos, nosotros tenemos un protocolo, que establece que cuando el procedimiento va a afectar a más de 5 familias se debe contar con la intervención de otras instituciones, como Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia (porque generalmente en las familias hay menores de edad involucrados), el Ministerio de Salud (ante la posibilidad de que la acción provoque heridos), entre otras”, dijo.
Acotó que los desalojos se deben planificar. “Es la Municipalidad la que debe hacer el seguimiento y remitir notas a las demás instituciones, para que se pueda elaborar un plan de acción”, apuntó el comisario Espínola.