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Educación no es prioridad del Gobierno, dice rector

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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“La educación no es una prioridad del Gobierno”, disparó molesto Abel Bernal, rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), luego de anunciar el cese de actividades académicas y administrativas en la institución en exigencia de un aumento presupuestario para el 2018.

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Bernal lamentó que las autoridades del Gobierno den la espalda a la educación superior, cuando que en los discursos se hace un constante hincapié en que la educación está en primer lugar. Si el presupuesto del 2018 se aprueba tal como pide el Ministerio de Hacienda, no habrá dinero para mejoras de infraestructuras en la Universidad Nacional.

Hacienda recortó G. 54.000 millones a la UNA este año y también plantea el mismo tope para el 2018. “Necesitamos un buen presupuesto como universidad”, agregó el rector.

Por otra parte, los funcionarios administrativos exigen una adenda presupuestaria de G. 42.000 millones para poder tener un reajuste salarial de 25% para todos los trabajadores. Este monto fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada, a pedido del Poder Ejecutivo y la tildaron de “insostenible” para el Presupuesto General.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores ahora está analizando el estudio del proyecto de Presupuesto del 2018, para emitir su dictamen el próximo miércoles en la sesión extraordinaria. Para intensificar el lobby con los parlamentarios, el Consejo Superior Universitario de la UNA decidió ayer ir a paro general de actividades académicas y administrativas hasta el jueves 23 de noviembre.

Clínicas, solo urgencias 

En el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNA, a raíz de la paralización de actividades en la casa de altos estudios, serían afectados varios servicios que no son de urgencia. Los consultorios y las cirugías programadas serán suspendidas. “Solo garantizamos los servicios de urgencias”, indicó el sindicalista del Hospital de Clínicas, Julio Villalba.

El gremio exige G. 19.000 millones para desprecarizar a trabajadores contratados y G. 10.000 millones más para mejorar beneficios de los profesionales. Estos dos montos deben sumarse a los G. 427.000 millones ya previstos, detallaron. 

Los funcionarios afirmaron que de tener un revés en el Senado, la medida de fuerza se endurecerá aún más. Enfatizaron que ellos no pelean por rubros para “obras edilicias, sino solo para salarios”.

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