Entre las acciones que el gremio reclama al sector público se encuentran habilitar a las aguaterías para que puedan usar sus bienes como garantía para obtener créditos bancarios, o facilitar el acceso a créditos blandos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Además, pide la eliminación de la posibilidad legal de que el Estado confisque las inversiones realizadas, así como extender la red de alcantarillado sanitario.

“No basta con sancionar a las aguateras que no cumplen con los estándares de calidad, porque eso sería atacar las consecuencias. Es necesario atacar las causas de la prestación de un servicio de baja calidad”, dijo Carrera.

Agregó que el sector tiene encima, como un peligro latente, la posibilidad de que se confisquen sus bienes tal como se establece en la Ley 1614/00. Esta expresa que luego de 10 años de prestar el servicio, el Estado podría confiscar las aguaterías. “Esto es inconstitucional, va a contramano con el nuevo rumbo y la ley de APP y conspira contra el clima de inversiones, y consecuentemente contra el mejoramiento del servicio. Nadie invertirá, y se necesita realmente, en una empresa de la cual el Estado puede apoderarse”, dijo Carrera.

Reunión de mañana

El presidente de CAPA indicó que este gremio invita a todos los prestadores privados de provisión de agua potable y alcantarillado, asociados o no a la Cámara, al encuentro en el que se tratarán temas referentes a la calidad y continuidad del servicio, así como acerca de los problemas. La reunión será en Leopardi 1718 casi Matheri, Zona Sur de Fernando de la Mora, mañana a las 09:00.