San Lorenzo e Itapúa Poty, principales infractores de la ley de Fonacide

Más de 70 obras e intervenciones realizó el Municipio de Itapúa Poty en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación, sin la autorización de la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Administración y Finanzas de la cartera de Educación.

Le sigue en la lista el Municipio de San Lorenzo, que ejecutó más de 60 obras sin seguir los procesos exigidos por la ley que creó el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

La ley establece obligatoriedad del análisis previo, autorización y verificación ejecutiva por parte de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación de todo proyecto arquitectónico a implementarse en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación.

En ese sentido, las gobernaciones de Cordillera y Concepción figuran también en el ranking de los más infractores de la ley a nivel país.

La Gobernación de Cordillera ejecutó más de 100 obras e intervenciones en instituciones educativas, y la Gobernación de Concepción realizó otras 60 sin seguir los procesos de control y verificación.

Transparencia en duda

Las acciones de estos municipios y gobernaciones al llevar a cabo estas intervenciones sin la autorización requerida ponen en duda la transparencia de uso de los recursos del Fonacide, debido a que no se tiene un solo reporte de la inversión que demandó cada acción, además de la nula exposición de detalles técnicos que velan por la calidad de lo ejecutado.

Otros municipios que llevaron adelante acciones sin autorización son los de Capitá (Central) con más de 30 obras. Le sigue el municipio de 3 de Febrero, en Caaguazú, con más de 35 obras.

En el ranking de los infractores de la ley de Fonacide por departamentos, se destaca también el Municipio de Paso Yobái (Guairá) con más de 18; Horqueta (Concepción) con más de 15; Yataity del Norte (San Pedro) y San Ignacio (Misiones) con más de 14; San Bernardino (Cordillera) con más de 10; San Cristóbal (Alto Paraná) con 9; Villa Franca (Ñeembucú) con 6; y Pirayú (Paraguarí) con 5 obras y acciones ejecutadas sin la autorización.