De acuerdo con los datos obtenidos por nuestro diario, uno de los funcionarios fotografiados cuando llegaba al hospital central del IPS para registrar su ingreso y luego retirarse de la institución se llama Carlos Miranda y su salario mensual es de G. 6.800.000 y está designado para prestar servicios en la Dirección de Tecnología de la Información y de la Comunicación.
Otros funcionarios identificados son el médico Ricardo Fretes, cuyo salario es de poco más de G. 6.000.000 al mes; Noelia Martinetti, del área administrativa, con un sueldo de G. 8.000.000, y Ada Olmedo, del área de salud, cuyo sueldo ronda los G. 6.000.000.
Completan la lista de los funcionarios identificados: Sara Ayala, bioquímica, con un salario de G. 4.000.000, y Romina González, médica, con G. 3.300.000.
También fueron identificadas las doctoras Griselda Cattebeke y Zulmi Aranda,; pero ambas terminaron en el mes de febrero sus contratos con la institución, informaron a nuestro diario en la oficina de Recursos Humanos de la previsional.
Hay pruebas documentales de que estas personas acudieron al hospital central del IPS a fines de febrero solo para registrar su entrada en el reloj biométrico y retirarse inmediatamente, sin cumplir con su trabajo.
Objeto de investigación
Los casos de estos funcionarios son investigados por las oficinas de auditoría y recursos humanos del hospital para determinar las irregularidades y aplicar las sanciones pertinentes conforme al reglamento de la institución.
Las informaciones dan cuenta de que se trata de una costumbre común arrastrada desde hace varias décadas. La practican todos los funcionarios, desde los más antiguos hasta los contratados y pasantes.
El problema es que nunca se hicieron denuncias concretas contra los raboneros, porque existe una suerte de corporativismo, reconocen los propios médicos.
Todos los jefes hacen la vista gorda, se protegen, porque en otros hospitales privados o públicos inclusive son subalternos de los planilleros, hecho que explica esa suerte de complicidad ante este tipo de irregularidades, explicó una fuente.
La doctora Myrian Fariña Díaz, directora de la Clínica 12 de Junio, admitió esta semana a nuestro diario que el proteccionismo incluye hasta la expedición de certificados médicos del propio instituto para favorecerse entre ellos.
El caso de los funcionarios que marcan su entrada y se retiran de la institución saltó a la opinión pública el lunes último tras la publicación de una investigación periodística que hizo nuestro diario.
El trabajo consistió en el control de los funcionarios en el momento en que llegaban, marcaban su ingreso y se retiraban de la institución. Algunos iban solos o acompañados, pero ninguno se quedaba a cumplir su trabajo en la institución.