Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basadas en la filtración de documentos financieros al diario alemán Süddeutsche Zeitung, echaron luz sobre la opacidad fiscal de grandes grupos internacionales. Todos los mencionados: políticos, miembros de la realeza, artistas, ministros y empresarios niegan cualquier tipo de irregularidad.
Las divulgaciones obligaron a los gobiernos a plantear de inmediato reajustes en sus legislaciones como una respuesta política a la práctica de evasión fiscal y lavado de dinero.
Las oficinas tributarias de México, España, Canadá y Chile actúan de oficio ante las revelaciones.
Mientras en Paraguay el gobierno arguye vacíos legales y carencia de mecanismos para investigar a individuos o empresas offshore, a pesar de la existencia de casos confirmados.
“¿Pueden actuar los Estados? Sí, siempre que haya voluntad política” admite el director del Centro de política y administración fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Pascal Saint-Amans.
Nuestro país es el miembro 52 de la OCDE, que desde el 2008 promueve intercambios automáticos de datos fiscales entre sus asociados. La organización hará su reunión en Asunción los próximos 16 y 17 de noviembre.
Un ejemplo de que se puede actuar cuando hay voluntad política es Chile: el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo fiscalizador de tributos, “desde hace semanas” realiza un seguimiento a las empresas locales (Glencore Chile, Alsacia y una firma de comercio minorista) mencionadas en Paradise Papers, publicó el diario La Tercera.
Para hacer frente al lavado de dinero, la elusión fiscal y evitar la doble tributación internacional, el país transandino firmó convenios con unos 32 países y logró una decena de acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria con otros.
Entre tanto, la Unión Europea prepara una “lista negra” de paraísos fiscales y trabaja en el fortalecimiento del intercambio automático de información entre oficinas tributarias de sus 28 Estados miembro. Argentina, por su parte, busca con una reforma tributaria luchar contra la evasión de impuestos.