Las pruebas comenzaron con la “erupción” del Acta Bilateral del 24 de mayo pasado, que provocó la renuncia a su cargo del hasta entonces presidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, y con los fragores de las manifestaciones de protesta contra el entreguismo del actual gobierno, personificado por los señores Hugo Saguier, embajador paraguayo en Brasilia, Alcides Jiménez, entonces asesor técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, con una fuerza expansiva que también arrastró al titular de la cartera, Luis Castiglioni, y amenazaba al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Los ecos de ese fragor resuenan hasta hoy, en forma insistente en las emisoras, canales de televisión, diarios y, ojalá, no se apaguen nunca.
La dimisión del canciller, del embajador, del asesor técnico y posterior presidente de la empresa eléctrica estatal, así como la amenaza de someter al primer mandatario a juicio político revelan que la ciudadanía está despierta, que no está dispuesta a que le hagan pasar una vez más gato por libre. La reacción debe interpretarse también como una severa advertencia a la mal llamada “clase política” que no siempre podrá eludir el sagrado momento de la rendición de cuentas.
El 13 de agosto de 2023, recordemos, caduca el plazo de 50 años que establece la numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú para revisar las disposiciones de este documento, tanto por su obsolescencia como por su hoy inexplicable y menos aún justificable proclividad hacia los intereses brasileños.
¿Capitalizaremos esta valiosa experiencia? La ya fecunda historia de los reclamos paraguayos a los gobiernos de turno de la República Federativa del Brasil nos alientan a responder esta pregunta en forma afirmativa. Si desplazamos el foco de nuestra atención hacía la cúpulas gobernantes de nuestro país, la respuesta negativa es inevitable e inquientante.
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Advirtamos igualmente que la prueba real, fáctica, de que la admisión de errores del ocupante de turno del Palacio de López es sincera, así como de su intención de romper la ya prolongada línea de sumisión a los dictados de Itamaraty la constituirá, sin duda alguna, la lista de reemplazantes de los autores directos -porque poco se sabe de los autores intelectuales - de ese nuevo atentado contra los intereses de la República.
En otras palabras, si Mario Abdo Benítez opta una vez más por rescatar escombros del vertedero político de nuestro país, o esos “profesionales” paraguayos conocidos como de 60 Hz., la población movilizada estará en condiciones de concluir que solo pretende cambiar algo para que no cambie nada y, por ende, alimentar los motivos que tiene para redoblar su intervención en este asunto, que realmente es una causa nacional.
Si hubo pillos o peajeros en la historia del aprovechamiento de los beneficios de la gran central, esos no fueron los ciudadanos paraguayos, el pueblo; la insólita confusión del jefe de Turno del Estado paraguayo, convertir a la víctima en victimario, es injustificable.
Los registros, incluso oficiales, demuestran que en 35 años de producción de Itaipú, Brasil se aprovechó del 93% y nuestro país, socio condómino por partes iguales, del residuo: 7% y que en ese período Brasil le pagó alrededor del 5% de la suma que debió recibir si se hubiera respetado el mandato de “justo precio” del Acta Final de Foz de Yguazú, la matriz del tratado.
Hubo pillos y peajeros en Paraguay, pero esos no fueron la ciudadanía, el pueblo, sino los barones de Itaipú y sus herederos, así como aquellos empresarios que por el 5% de participación en contrato arrían la tricolor sin rubor alguno.