El Sr. ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta, ha tomado la valiente decisión de destituir a unos 150 supervisores, que son operadores políticos de diversos partidos políticos e ideologías. Felicidades, ministro y siga adelante limpiando el ministerio de toda la corrupción que arrastra. Hay más operadores. También los políticos corruptos, que abusan del poder usando el ministerio como empresa de empleo para sus operadores y prebendarios, tienen su gente instalada entre rectores, profesores y maestros.
Siga adelante y más aprisa cumpliendo todos los artículos de las leyes que le incumben a la educación.
Por si sus consejeros y colaboradores no se lo han dicho, desde la opinión pública le decimos que el 24 de enero de 2017 se promulgó la ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, ley largamente esperada, que al fin llegó gracias a la iniciativa de la senadora doctora Blanca Ovelar, exministra de Educación. Dicha ley cesó a los consejeros del Consejo Nacional de Educación y Cultura desde ese día de la promulgación y obliga a crear inmediatamente el nuevo modelo del consejo, denominado desde entonces Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec). A pesar del mandato de la ley, el nuevo Consejo no existe y usted tampoco lo ha creado, contraviniendo así la ley Orgánica, la Ley General de Educación y las exigencias de la Ley de Educación Superior, y del Cones, de cuyo consejo usted y el Conec son miembros natos.
Esta situación es grave porque se elimina arbitrariamente una institución del Estado creada por dos leyes, se desintegra y perjudica gravemente a otra institución del Estado (el Cones) y le arriesga a usted por no cumplir las leyes. Las consecuencias, no deseadas, son fáciles de imaginar.
La ley Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias vino a resolver un gran problema. Sin ella, todo el sistema educativo y el Ministerio en sí dependían del arbitrio de cada ministro, con lo cual se imposibilita la estabilidad y continuidad que necesita la educación que se realiza ineludiblemente en procesos lentos y largos. Peor todavía cuando los cambios de ministro se han venido dando en períodos asombrosamente cortos, como ha venido sucediendo en los treinta años que llevamos en democracia, en los cuales la media de permanencia de los ministros en el cargo ha sido de poco más de un año cada ministro o ministra. Imposible esperar progreso ni reformas de educación si para colmo el ministerio no está institucionalizado definitivamente y cada cambio de ministro supone una dura crisis en el sistema. La crisis afecta más en un país como el nuestro donde no existe carrera del funcionariado y los puestos de trabajo y el reparto de responsabilidades dependen no de la profesionalidad y los méritos, sino de las relaciones y la voluntad del ministro.
La Constitución Nacional (art. 240) define las funciones de un ministro y en el 242 sus deberes y atribuciones; con estos artículos queda claro que el ministro, al servicio del Presidente de la República, es responsable del “gobierno, dirección, gestión y administración en todos los asuntos de su cartera y, por tanto de todo el sistema educativo, en el que obviamente están incluidas las universidades con su autonomía. ¿Dónde está ahora el gobierno de las universidades por parte del ministerio? ¿Cuáles son las políticas del MEC para ellas? El Viceministerio de Educación Superior, aun teniendo funcionarios de alta competencia profesional, ha quedado prácticamente reducido a servicios de escribanía, sin liderazgo en el sector.
En este momento, ni siquiera las relaciones del MEC con el Cones funcionan de acuerdo al mandato de la ley. Esta situación y el incumplimiento de la Constitución y las leyes agudizan la crisis de la educación.
Siga adelante, Sr. ministro, en la dirección de este importante paso que está dando al sacar de la supervisión a los operadores políticos. Ponga en orden el sistema, actualícelo mirando al exigente futuro que ya está presente y, sobre todo, dé ejemplo cumpliendo haciendo cumplir las leyes, como juró al asumir el cargo y toda su cartera.
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