Las situaciones que se presentan en otros países inevitablemente hacen que comparemos con lo que nos ocurre a nosotros.
Aunque ninguna crisis política es buena, en el caso que se da ahora Perú, con una disputa entre poderes, es interesante el hecho de que la gente elige de qué lado está.
Si esto mismo ocurriese en Paraguay tal vez la reacción sea inclusive de indiferencia.
Afortunadamente, para nosotros y para los poderes, nuestro ordenamiento constitucional no permite medidas como la disolución del Congreso por parte del Ejecutivo o la suspensión sumaria del presidente por parte del Legislativo.
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Pero, si en este momento los paraguayos y paraguayas debiéramos definir qué poder del Estado tiene mayor prestigio, autoridad moral o siquiera cuál de ellos es “menos peor” sería difícil pronunciarse.
En el caso del Presidente de la República de nuestro país, recientemente salió vaikuépe de una crisis en la que quedó en duda su patriotismo y su capacidad de tomar decisiones acertadas para el país. Se esperaban cambios que no hubo y salieron luego a la luz hechos de corrupción que salpican a sus ministros sin que se decida a aplicar inmediatamente su propalado “caiga quien caiga”.
El Parlamento, más que una caja de resonancia de los reclamos populares, viene siendo un exhibidor de hechos de corrupción de sus integrantes. Al “ilustre” diputado Luis Urbieta (ANR) se le ocurrió esta semana la brillante idea de castigar con cinco años de cárcel a quien arrojara huevos a los legisladores sospechados de corrupción. El mismo retiró el adefesio al advertir la reacción que produjo.
Una cuestión curiosa en el caso del Perú es que la ciudadanía percibe a su Congreso como un antro de corrupción sin que prácticamente ninguno de sus miembros esté sometido a procesos judiciales. En nuestro país, hay unos cuantos parlamentarios procesados pero la mayoría de sus integrantes, en especial en la Cámara de Diputados, en vez de hacer lo posible por lavarse la cara y despejar las dudas justificadas que pesan sobre ellos, adoptan una actitud corporativa y mantienen en la impunidad a algunos, como Carlos Portillo, Tomás Rivas, Miguel Cuevas o Ulises Quintana, que hace rato carecen de dignidad o buen nombre para seguir en sus cargos.
El Poder Judicial es el que la mayoría percibe como líder en corrupción y alejado del común de la gente. Las condenas a algunos políticos que parecían intocables, como Óscar González Daher y Víctor Bogado, fueron un soplo de aire fresco para esa institución. Sin embargo, esas decisiones parecen haber sido producto sobre todo del foco mediático y de la fuerte presión ciudadana.
No ayuda mucho a la imagen de la Justicia paraguaya actitudes como la reciente de los jueces retrógrados de Paraguarí. No solamente dejaron en libertad a quien abusó de una niña sino que en su argumentación dieron una cátedra de desfachatez y doble moral, exhibiendo de paso prejuicios propios de la sociedad occidental del siglo XIX.
A eso se sumó ayer la intervención de la ministra Gladys Bareiro de Módica, quien en un alarde de mediocridad y falta de tino, pidió en la sesión plenaria de la Corte Suprema que se distribuyesen fotografías de los integrantes del máximo tribunal en todas las sedes judiciales del interior. El motivo era que estuvo en una de ellas y no la saludaron porque no la conocían.
Si los miembros de los tres poderes intentaran a propósito descalificarse en sus funciones, probablemente no les saldría tan bien como lo están haciendo ahora.
mcaceres@abc.com.py