Son los que para un adulto mayor en situación de pobreza marcan la diferencia entre comer y no comer en nuestro país.
Esa es la suma que el Estado entrega a las personas de más de 65 años que viven en situación de pobreza, en medio del pedido de miles que aún siguen esperando recibir esta pensión.
O poniéndolo en otros términos, por cada dos millones de guaraníes pagados a un planillero hay cuatro adultos mayores que podrían cobrar esta suma que les permitiría sobrevivir.
Por eso es que también subleva el espíritu el fraude detectado esta semana en la misma caja donde cobran los abuelitos.
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En un primer control detectaron que 144 mujeres venían cobrando irregularmente millones de guaraníes todos los meses como hijas solteras de militares, sin medios propios de subsistencia.
La pensión fue establecida en una legislación elaborada durante la dictadura stronista cuando los militares hacían y deshacían en el país.
Ahora, Hacienda bloqueó esas 144 cuentas, porque constató que sus poseedoras en realidad trabajan para el Estado con sueldos varias veces millonarios, siendo claramente el caso más chocante el de la encargada de negocios de la cancillería paraguaya en Brasilia, Nimia Ermelinda Da Silva, quien tiene un ingreso promedio de más de 70 millones de guaraníes al mes.
La ley establece que para mantener ese beneficio las mujeres deben ser herederas de militares, solteras y no tener fuente alguna de sustento, perdiendo automáticamente este beneficio al cambiar alguna de estas condiciones.
La caja fiscal viene perdiendo dinero, y, coincidentemente, el mayor de los agujeros se genera en el sector de los militares retirados.
A noviembre, la caja acumula un déficit de casi 710.000 millones de guaraníes, unos 112 millones de dólares, de ellos más de 458.000 millones provienen de la caja de militares, dinero que, adivinó, deberá financiarse con impuestos para seguir tapando el agujero.
La directora de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, Liz del Padre, nos decía el viernes en la 730AM que ahora harán un cruce de datos con el registro de contribuyentes del mismo ministerio para saber si existen pensionadas que tienen otros ingresos.
Lo van a hacer ahora, en el mismo ministerio.
Algo que debió haber saltado automáticamente si el banco de datos de la caja fiscal hubiese estado plenamente informatizado, situación que aún no ocurre porque la propia directora afirma que los procesos en un 99 por ciento se realizan todavía a través de papeles.
En este caso debieron cruzar los datos de las planillas físicas con el sistema de información de los recursos humanos del Estado para detectar el fraude.
Las cuentas están bloqueadas y en Hacienda esperan que las herederas se contacten para certificar su condición, pero no basta con que devuelvan el dinero, todos estos casos deberían ser denunciados a la fiscalía y debería encontrarse la manera de inhabilitar para trabajar en el Estado a quienes se vienen aprovechando de él de forma deshonesta.
Y de paso no estaría mal eliminar una norma anacrónica y discriminatoria, elaborada al amparo de una dictadura militar.