Son 18 y contando

Desde el 26 de abril de 1991, fecha en que asesinaron a balazos al periodista Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, la cuenta de colegas masacrados a manos de la mafia suman 18.

En Paraguay, hacer periodismo en la frontera nunca ha sido fácil, menos todavía en la “terraza del país”, desde donde, en la semana que pasó, nos llegó la lamentable noticia de que el fotoperiodista Leo Veras fue ultimado a balazos en su propia casa, frente a su familia a la hora de la cena.

Para los comunicadores que trabajan en zonas de frontera, en las que la mafia no conoce de divisiones políticas, vivir en zozobra y permanente amenaza es moneda corriente.

Quienes ejercemos la profesión en la capital y área metropolitana jamás entenderemos ni vivenciaremos en su real dimensión esa perversa simbiosis que existe entre amenazados y amenazantes. Tal es así que en ocasiones llega a la infamia de ser objeto de bromas, o cuanto menos ironías, porque pese a que la presión los deja en vigilia permanente, un escape es gastarse un chiste.

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Tal es así que en la última entrevista que le hicieron a Veras para la televisión brasileña este pedía que su muerte no sea tan sangrienta con ametralladoras, sino que sea más bien de un balazo para no armar tanto enchastre, terminando el “pedido” con una sonrisa resignada. Otros que se toman a chiste cuando se reportan amenazas, de cualquier tipo, a trabajadores de la prensa son los miembros del Gobierno. Están tan ocupados en crear mecanismos para enriquecerse ilícitamente que descuidan cosas fundamentales como la protección de los periodistas, vehículos fundamentales del principio constitucional de la libertad de expresión. Agremiaciones como el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGP) han unido esfuerzos en homologar protocolos básicos de seguridad. Pero solo se puede llegar hasta esa instancia, a la de socializar qué tipo de acciones se pueden llevar adelante para la autoprotección. Más no se puede porque los periodistas no son agentes del orden ni de la seguridad. Se han conformado mesas interinstitucionales, se han pedido reuniones con las autoridades y en más de una ocasión se comprometieron, pero solo para el formalismo, como para que nos “dejemos de molestar”. No existe una muerte más importante o menos importante cuando lo que se socava es el derecho al libre ejercicio de la profesión.

La muerte de Veras, lastimosamente, es el ejemplo del poco interés que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos en general, a los periodistas en particular. Recordemos que, como decía Roberto Rock de la Sociedad Interamericana de Prensa, “la violencia y la impunidad de los crímenes contra periodistas tienen consecuencias nefastas sobre la libertad de prensa”. Y un Estado que no protege esa libertad ni a sus periodistas, es prácticamente un Estado fallido.

mescurra@abc.com.py

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