Dinero a discreción

El intendente municipal de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos (liberal llanista), logró el jueves último la autorización de la Junta Municipal para realizar un préstamo de 2.000 millones de guaraníes, que serán utilizados sin ningún tipo de fiscalización. Las principales excusas del jefe comunal son la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional y la necesidad de comprar alimentos para las familias afectadas por la cuarentena, pero tenía pensado utilizar solo el 25% del dinero para comprar los kits.

Gracias a la presión de algunos concejales opositores se pudo modificar el plan presentado por Mendoza y con la ordenanza aprobada se le autoriza al intendente a usar el 50% de los recursos para asistir con alimentos a las familias carenciadas y la otra mitad para gastos corrientes. En la normativa municipal no está establecido ningún control especial y el intendente podrá disponer de todo el dinero a su gusto y paladar, algo a lo que Mendoza ya está acostumbrado.

La Junta Municipal rechazó durante los cuatro años la rendición de cuentas de Mendoza por falta de documentos respaldatorios. Ese vicio de su gestión es una de las causas del pedido de intervención de su administración.

El intendente hace uso y abuso de los recursos de la Municipalidad, mediante la “lealtad” cómplice de cinco concejales liberales. Ellos son Lourdes Espínola (su pareja actual), Víctor de la Cruz (esposo de la directora de comisiones de la Comuna, Mariliz González), Édgar Arias (sobrino político del jefe municipal), Lina Coronel e Idalino Mendoza (hermano del administrador de la Intendencia, Isabelino Mendoza). A ellos se les sumó desde este año el presidente de la corporación legislativa, Manuel “Manolo” Gómez (colorado añetete).

Gómez era uno de los férreos opositores a la administración de Mendoza, pero, extrañamente cambió de posición y ahora es uno de los incondicionales. Apoya “ciegamente” todas las decisiones de la Intendencia.

PUBLICIDAD

El jefe municipal usa con total arbitrariedad los recursos de la institución y llega al punto de no pagar las dietas a los ediles detractores de sus actuaciones, incurriendo de esa manera en mal desempeño de sus funciones porque no puede retener un dinero que no le corresponde. Mendoza está procesado por la fiscalía por presunta lesión de confianza, por un faltante de más de G. 750 millones del periodo anterior.

Ahora, con la decisión de la Junta Municipal, queda sobre la ciudadanía la gran responsabilidad de controlar el buen uso del préstamo de G. 2.000 millones.

hruidiaz@abc.com.py

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD