Paraguay tiene un déficit histórico y estructural en materia de derechos sociales, existe una deuda histórica del Estado con respecto a las grandes mayorías sociales en cuanto a garantías de los derechos humanos básicos. En el 2019 la Encuesta Permanente de Hogares señalaba que en Paraguay vivían en situación de pobreza 1.700.000 personas, de las cuales 900.000 residen en áreas rurales. Unas 800.000 personas, alrededor del 11% de la población, ya se encontraban padeciendo hambre, es decir, subalimentación. En el contexto de emergencia sanitaria el Gobierno había anunciado que realizaría transferencias monetarias a 330.000 familias a través del Programa Ñangareko.
Sin embargo, hace unos días la SEN informaba que habían notificado a 41.000 personas, lo que no significaba que les hubieran efectivizado el desembolso. Esto, habiendo más de un millón de personas que se inscribieron manifestando que requerían de ese apoyo para poder paliar las necesidades alimentarias ante la imposibilidad de salir a trabajar. Valga un ejemplo, en un barrio del Bañado Sur mujeres organizadas residentes de la zona censaron a 289 personas, de las cuales solo 12 fueron notificadas y, de esas 12, solo 4 personas recibieron el desembolso monetario. No se trata de falta de recursos, ya que el propio Gobierno informó que dispondría de 1.600 millones de dólares, más donaciones millonarias de otros países, para dar respuestas a las problemáticas generadas por la crisis. Sin embargo, hasta hoy no han podido brindar un apoyo alimentario eficiente. Cabe resaltar también la inexistencia de una política de Estado de apoyo a la producción campesina e indígena de alimentos, evidenciándose en estos momentos la enorme importancia del sector. La inaceptable gestión gubernamental en el ámbito social también se debe a que el Estado históricamente ha ignorado a la mayoría de la población que subsiste a través de múltiples ocupaciones dentro de la economía popular, al tiempo que se ha discriminado y hasta reprimido a las comunidades que viven en asentamientos precarios. ¿Qué le queda al pueblo? Organizarse para poder cambiar esta realidad y que se gobierne para garantizar los derechos básicos de las mayorías, no la insaciable codicia de una minoría privilegiada.