Sostuvo primero que el Artículo 47 de nuestra Ley Fundamental, que garantiza la igualdad ante la ley de todos, es más importante que su Artículo 191, que establece la inmunidad frente a la privación de libertad de miembros del Congreso.
Por si el juez López no leyó las actas de la Constituyente de 1992, el convencional Evelio Fernández Arévalos explica que “…la expresión detención de la Constitución Nacional incluye tanto la aprehensión, detención y prisión preventiva del código de rito penal… así como cualquier otra forma de afectación de la libertad ambulatoria de los parlamentarios…” Y el convencional Rodrigo Campos Cervera agrega que “La resolución de las cámaras que hace lugar al desafuero… trae consecuencias muy distintas a las previstas de las Constituciones históricas, que ‘suspendían en sus funciones al acusado’”.
Fernández Arévalos parece presentir la necesidad de explicar a magistrados como López que “El debate llevado a cabo en el seno de la Comisión Redactora puso de manifiesto la preocupación de los convencionales… de lograr un equilibrio entre la necesidad de preservar las inmunidades parlamentarias y la conveniencia de no crear privilegios… Fruto de ese criterio fue que la propuesta final consagrara… la inmunidad de detención, salvo flagrancia…”.
Sin embargo, como todos los ciudadanos son iguales ante la ley, razonó el juez, queda derogado el Artículo 191 de nuestra Constitución y los miembros del Congreso pueden ser privados de libertad.
Esa afirmación de un juez en funciones es gravísima. Se atribuye nada menos que el poder de decidir qué parte de la Constitución vale y qué parte no vale. El juez cree que nuestra Constitución no es un todo lógico armonioso, sino un desbarajuste legal que él puede corregir.
Y finalmente ignora la interpretación que le impone el artículo 7 de nuestro Código Civil, que explica la situación: Las disposiciones generales no derogan a las disposiciones particulares salvo cuando se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto y el uso, la costumbre o la práctica no generan derechos.
Es decir, la disposición general del Artículo 47 de nuestra Constitución no deroga la disposición especial de su Artículo 191.
Y sostuvo, en segundo lugar, Yoan Paul López, que no es función de un juez penal de garantías verificar que sean legítimos los elementos de convicción que avalan el pedido de un fiscal para privar a alguien “preventivamente” de su libertad.
Es decir, el magistrado ignoró las obligaciones que le impone el artículo 282 del Código Procesal Penal que ordena que “Las actuaciones de investigación del Ministerio Público… se realizarán siempre bajo control judicial. A los jueces penales les corresponderá… en general, controlar el cumplimiento de todos los principios y garantías establecidos en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código”.
Los jueces penales de garantías de la República del Paraguay están obligados por el Código Procesal Penal a controlar la legitimidad de los elementos de convicción que esgrimen los fiscales. No hacerlo implica autorizar a los fiscales a usar en su auxilio falsificaciones y mentiras.
Garantía significa precisamente “Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad”.
Cuando un juez penal de garantías como Yoan Paul López dice que ese no es su trabajo, se convierte en un juez penal de “garantías”, así, entre comillas.