En Paraguay, un país caracterizado por el oscurantismo informativo de parte de los entes del Estado, esta ley representa un arma poderosa para una revolución ciudadana y, en consecuencia, una amenaza para los caciques que usan y abusan del dinero de los contribuyentes.
Erróneamente, se cree que esta ley es únicamente para el uso de publicaciones periodísticas; es para todos. Sin embargo, no se aprovecha todo su potencial, tal vez por el escaso tiempo que lleva vigente o por desconocimiento de quienes pueden utilizarla y, por sobre todo, porque la mayoría de las instituciones no tiene la genuina voluntad de cumplirla.
Pero por qué es importante para el ciudadano común acceder a informaciones que en apariencia se circunscriben el mundo burocrático. La respuesta, repetida cientos de veces antes, durante y después de la promulgación de la ley, fue y es la necesidad de crear conciencia en la ciudadanía de que el Estado tiene información que le pueden y le deben mejorar la calidad de vida.
A saber, con esta herramienta podemos enterarnos por ejemplo del stock de medicamentos en los hospitales públicos, del ranking de instituciones educativas, imágenes satelitales de la deforestación, datos sobre calidad del agua, sistema de transporte, etcétera. Además de la detección de escandalosas planillas con niñeras, fotógrafos, jardineros, ordenanzas y fotocopiadores de oro.
Por otro lado, algunos de los acontecimientos más trascendentes del 2015 han venido de la mano de esta Ley: #UNANoTeCalles, con la detención del rector de la Universidad Nacional de Asunción
Froilán Peralta y su tendal de secretarias y colaboradoras, o en los despidos de centenares de planilleros del TSJE.
Para que esta primavera informativa siga floreciendo, una simple acción en la web http://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal puede hacer la diferencia solicitando cualquier información de interés, y las instituciones están obligadas a responder todas las solicitudes. Al sitio están adheridas a la fecha 35 instituciones públicas y se han hecho 393 solicitudes. No todas han tenido respuestas favorables; el Poder Judicial y la Contraloría General de la República se han negado en reiteradas ocasiones.
Aunque esto recién comienza, hace falta que las instituciones públicas se esfuercen por actuar con la transparencia activa que les impone la ley; también falta que los funcionarios se capaciten más en su cumplimiento. Pero, por sobre todo, hace falta que la gente tome el poder y use este derecho.
Si el Estado se siente vigilado e interpelado, necesariamente se verá obligado a hacer bien las cosas y se dejará de robar escandalosamente a través de secretarias, niñeras y otros corruptos de oro.
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