Un claro ejemplo es la aguatera del barrio Cerrito de la ciudad de San Antonio, donde todos los que logran ocupar la presidencia ya no quieren salir, pese a que según los estatutos los miembros de la comisión directiva no pueden tener sueldos.
El jefe de personal de la entidad, Juan Girardoni, quien reclama el pago de salarios de noviembre, diciembre y el aguinaldo, se encuentra encadenado en la entrada del local. Comentó que la recaudación mínima de la entidad es de G. 350 millones mensuales y que a veces llega a G. 500 millones.
El actual presidente de la aguatera, el concejal municipal Ramón Palacios (PRF), se encuentra en forma ilegal y se niega a llamar a una asamblea para cambio de autoridades. Se menciona insistentemente que Palacios estaría orquestando la posibilidad de dejar el cargo al tristemente célebre exintendente de la ciudad, Ricardo Teresio Rodríguez Quiñónez (ANR), quien tiene un proceso judicial por falsificación de documento público y estafa.
Palacios además tiene un proceso abierto en la fiscalía local por apropiación y lesión de confianza, pero el expediente está paralizado porque recusaron a la fiscala María José Pérez.
Según la denuncia de los funcionarios de la entidad, Palacios, además de no pagar al personal, tampoco pagó las facturas de la ANDE, con la cual habría una deuda de G. 2.000 millones, al Ministerio de Hacienda G. 600 millones, al IPS G. 120 millones y al Erssan más de G. 45 millones.
Ante semejante mala administración, el Ministerio de Salud debe intervenir la aguatera, que en los últimos años se convirtió en un antro de la corrupción, que tiene la complicidad de las autoridades que deberían de velar por los intereses de los usuarios.
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