Coimatón

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Días atrás, una vez más el concejal esteño Celso “Kelembu” Miranda, el abogado Jorge Brítez y la esposa del abogado Paraguayo Cubas, Yolanda Paredes, nos sorprendían con una insólita forma de protesta: “Coimatón”. Con ella buscaban recaudar US$ 50.000 a beneficio de la jueza Teresita Cazal, encargada de revisar el recurso de habeas data a favor de Cubas, recluido en la penitenciaría de Alto Paraná bajo cargos de dudosa legitimidad.

La colecta, cuya meta obviamente no fue alcanzada, puede en un primer momento causarnos gracia. Sin embargo, es algo mucho más profundo que una payasada pergeñada por estas tres personas, es el síntoma de que las instituciones en esa parte del país no funcionan, o lo hacen parcialmente para beneficio de una mafia.

A saber, Cazal había sido denunciada por supuestamente haber recibido un monto igual a la meta de “Coimatón” a cambio de liberar a clonadores de tarjetas de crédito, acusación que ella había negado alegando que los acusados fueron sometidos a un proceso abreviado de manera a acelerar la expulsión del país de los mismos.

En cambio, Cubas soporta un proceso por delitos que no han sido demostrados como una supuesta coacción a fiscales escrachados, delito que no ocurrió porque los mismos se encontraban ausentes al momento de la manifestación. También se lo acusa de destrucción de bienes comunes, hecho que puede constatarse tampoco ocurrió ya que vía redes sociales toda la ciudadanía fue testigo que no ocurrió tal cosa. Finalmente, y lo más aberrante es que sobre Cubas pesa la vergonzosa aplicación de una ley de Fueros, que data del año 1955, que fue derogada.

En un primer momento, lo de Cubas pareció un circo del cual todos nos reímos, pero ahora, ante el descaro de fiscales como Alejo Vera, Analía Rodríguez y Juliana Giménez, que llevan el caso invocando leyes inexistentes y utilizando los recursos del Estado solo para mantener cautivo a un ciudadano por mero capricho, el triste espectáculo circense se traslada a la Fiscalía.

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Guste o no, Cubas ostenta en su haber una larga lucha contra la dictadura y pese a este padecimiento judicial sigue firme en sus convicciones. Su pecado es el haber desnudado la corrupción imperante en la administración municipal de Sandra McLeod de Zacarías quien hasta hoy se sigue negando a cumplir la ley 5282 de Acceso a la Información Pública. Ella alega buenos manejos del dinero de la comuna a su cargo. Pero, recientemente recurrió a un préstamo para pagar salarios. ¿Cómo se explica entonces que con manejo eficiente no pueda pagar sueldos?

Producto de este capricho en complicidad con otro órgano del Estado es que Paraguay está comenzando a proyectar una triste imagen de tener un preso político como Cubas en plena democracia.