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Salvo una cuestión que me llamó poderosamente la atención.
Pregunté si realmente la población estaba pertrechada con armas distribuidas por el Gobierno, tal como se dio a conocer. La respuesta negativa me sorprendió. “Esas armas terminan en poco tiempo en manos de la delincuencia organizada”. ¿Y cómo se entiende eso? “Pues la delincuencia en Venezuela es una cuestión de Estado”.
En nuestro país, durante la dictadura, la delincuencia estaba controlada por el Estado autoritario, se toleraban ciertos delitos, pero otros eran absolutamente prohibidos, como el secuestro, asalto a bancos, etc., reservándose la dictadura el derecho de acusar a sus enemigos políticos de simples delincuentes comunes.
Mientras, el ejército de delatores civiles al servicio del régimen se encargaba de mantener vigilada a la población con fines de inmovilidad y obediencia. Con el advenimiento de la democracia la delincuencia crece y el Estado pierde el control de la misma, pero no podría afirmarse que forma parte de una política de Estado, como en Venezuela, aun cuando la policía esté inficionada por la corrupción y en algunos territorios el Estado perdió jurisdicción para dejar el camino libre a la mafia.
¿Y cómo funciona la delincuencia como política de Estado? En palabras de Otero, el Gobierno facilita su expansión con el fin de perseguir a la clase media, cuyas familias sufren asaltos, robos y todo tipo de violencia, además de tener los bienes en constante acecho, por lo que terminan alineándose o huyendo del país.
Los delincuentes de las FARC y del ELN de Colombia se pasean por Caracas como en su propia casa, no existe familia venezolana que no fuera víctima de la delincuencia. De los poderosos y de quienes pueden tener respaldo solidario, se encarga directamente el Gobierno a través de los mecanismos coercitivos, en especial la justicia.
Daniel Lansberg, también venezolano, escribió sobre el tema para recordar el caso de Birmania en la década del 8O. Un movimiento estudiantil democrático impulsó a miles de ciudadanos a tomar las calles, desafiando a la dictadura. El régimen militar comenzó a disparar contra los manifestantes provocando muertos y heridos varios.
Pero las protestas, en vez de terminar, crecieron, hasta que un día inexplicablemente los militares y la policía abandonaron las calles, las cuales se llenaron de ciudadanos libres, pero acto seguido el Gobierno decreta una amnistía general y vacía las cárceles de delincuentes. Matones, ladrones, saqueadores y violadores ganaron las calles y los domicilios ocasionando saqueos y asesinatos por doquier, aprovechando la ausencia de autoridad en la calle.
Los ciudadanos se vieron obligados a refugiarse en sus casas para proteger a sus familias. Cuando finalmente los militares y la policía volvieron a las calles encontraron apenas unos cuantos dispuestos a resistir, los cuales fueron detenidos y masacrados.
¿Qué se consigue con esto? Que el Estado se encarga de ahogar las ansias de libertad y democracia de la gente, obligándola a concentrarse en su seguridad y la de su familia, dejando que “las autoridades” se ocupen de las cuestiones “importantes para el país”.
Viendo el caso Venezuela a través de una de sus víctimas, se puede afirmar que definitivamente no están agotados los recursos para que los totalitarios se aferren al poder, burlándose de la Constitución, del pueblo y de los mecanismos internacionales instalados para tratar de asegurar el sistema democrático.
ebritez@abc.com.py