Discriminacion-es

La divulgación de los maltratos ejercidos por propietarios de conocidos locales de Asunción causó indignación en los usuarios de redes sociales y medios de comunicación. Las grabaciones publicadas en los últimos días no dejan de sorprender, por lo que traslucen: una profunda desprotección de las ciudadanas y los ciudadanos comunes frente a quienes se encuentran en posiciones de mayor poder. En los casos conocidos, los dueños de negocios creen gozar del derecho a incumplir normas legales y, además, maltratar y agredir a otras personas a quienes evidentemente consideran inferiores. Es decir, se consideran con derecho a violar leyes y a discriminar.

Como señalan los investigadores Clyde Soto y Rocco Carbone “…estamos frente un orden político y social propenso a la discriminación, que quiere decir separar o diferenciar una cosa de otra cosa y otorgar un trato de inferioridad a la “cosa” separada, que puede ser una persona o una colectividad, apartada por motivos raciales, religiosos, sexuales, de clase, ideológicos… Y para activar el dispositivo “discriminación” se puede recurrir a los instrumentos tradicionales del poder político –ejército, policía, leyes, poder judicial, burocracia (en el mejor de los casos)– o a prácticas de violencia físicas o verbales”.

Reconocernos como parte de una sociedad y de un Estado con arraigadas prácticas discriminatorias es el primer paso para un cambio. “Por donde se mire, la discriminación está presente en palabras y acciones. En Paraguay se denuncia discriminación discriminando, se reacciona ante improperios discriminatorios con palabras discriminatorias. Es un círculo que debemos romper, pero que solo es posible si se asume esa esencia discriminatoria que nos domina”, reflexiona la periodista Natalia Ruiz Díaz.

Discriminacion-es se titula un estudio compilado por Line Bareiro y publicado en el año 2005, que analiza las diferentes formas de discriminación existentes en nuestro país, lo que las mismas tienen en común y las ideas que las sustentan: la discriminación por razones de raza, de lengua, de género, la discriminación a las personas indígenas, a las personas migrantes, a las personas con discapacidad, la discriminación por homosexualidad, la discriminación por ser pobre, entre otras.

Se trata de un problema evidente, al tiempo que es un derecho consagrado constitucionalmente el de la igualdad y la no discriminación, así como la obligación estatal de remover los obstáculos e impedir los factores que las mantengan o propicien. Sin embargo, el factor central que explica la impunidad de quienes vulneran este derecho y la desprotección de quienes se encuentran en situación de menor poder social y sufren discriminaciones, es la falta de garantías legales, institucionales y programáticas para dar efectividad al derecho a la no discriminación.

Un paso fundamental para ello es la sanción de una Ley contra toda forma de discriminación. Irónicamente, este proyecto de ley fue rechazado y archivado en el Congreso Nacional en el año 2014, alegándose que en Paraguay no existe discriminación.

Nada puede sorprender ya del Congreso Nacional en este aspecto, dado que hace unos días ha legislado nada más y nada menos que la discriminación legal de un sector de trabajadoras y trabajadores, aquellas que se dedican al trabajo doméstico en hogares de terceros. Contrarían de este modo la Constitución Nacional, el Convenio 189 de la OIT que el mismo Parlamento ha ratificado, así como otros tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país.

La posición mayoritaria del Congreso es congruente con la política histórica del Estado paraguayo con relación a las trabajadoras y trabajadores. Aunque se ha creado un Ministerio del Trabajo, las garantías concretas de los derechos laborales son extremadamente débiles. Por ello es tan alta la cifra de personas trabajadoras que ganan menos del salario mínimo, que carecen de seguro de salud y no cuentan con aportes jubilatorios.

Necesitamos cambios políticos, institucionales y culturales. En una verdadera democracia no existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera clase. Si somos iguales, necesitamos de un Estado que lo garantice, que nos proteja ante las violaciones de nuestros derechos, sancione las prácticas que los afectan y contribuya de este modo a un cambio cultural.

clopez@abc.com.py

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