Como la ciudadanía recordará, en ocasión de aquella crisis política, el entonces canciller de la República Bolivariana de Venezuela y actual dictador de esa nación, Nicolás Maduro, lideró una patota de representantes de gobiernos ideológicamente afines al chavismo bolivariano que, pisoteando la ley internacional consagrada en la Carta de las Naciones Unidas de no intromisión en los asuntos internos de otras naciones, irrumpió en Palacio de Gobierno a los efectos de incitar al Alto Mando militar a alzarse en armas en contra de la decisión del Senado de declararlo culpable de mal desempeño de funciones al presidente Fernando Lugo, defenestrándolo del cargo.
La negativa de los comandantes militares paraguayos a rebelarse contra el orden constitucional de la República fue una prueba de fuego para la democracia paraguaya, y así lo entendió el alto jefe militar norteamericano, quien no tuvo reparos para avalar la conducta de los generales paraguayos, aún a disgusto de la presidenta Dilma Rousseff, quien junto con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tomarían posteriormente venganza política contra el nuevo gobierno constitucional que reemplazó al de Lugo, suspendiendo arbitrariamente al Paraguay del Mercosur.
Si los militares paraguayos hubieran hecho caso a la apelación del canciller Maduro y su séquito para alzarse en defensa del defenestrado presidente Fernando Lugo, seguramente el Paraguay sería hoy como Venezuela, sometida a la autocracia del exobispo que, de haber contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y permanecido en el poder, con seguridad hubiera concretado su plan de atropellar la Constitución –como lo denunciara su exjefe de gabinete, Miguel López Perito– y se hubiera hecho reelegir como presidente. Como no pudo mirarse en ese espejo gracias a la firme postura institucional del Alto Mando militar, ahora vuelve a la carga de la mano del presidente Horacio Cartes para apoyar la violación de la Constitución Nacional que por azar del destino él no pudo concretar. Y, con pocos escrúpulos, lo hace aliado con su verdugo político: el senador Blas Llano, quien, junto con los demás parlamentarios conjurados, le dieron la mortal estocada política que lo tumbó de la presidencia de la República.
Como oficial general en situación de retiro, soy un simple ciudadano, pero como tal, tengo el derecho de tomar partido a favor del respeto a la Constitución Nacional, y en tal sentido, solidarizarme con el sentimiento de indignación ciudadana por el atropello a la Carta Magna que llevan adelante el presidente Horacio Cartes y sus adláteres con la finalidad de allanar el camino a la reelección presidencial a como dé lugar.
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La espontánea reacción de la ciudadanía contra esta antidemocrática conducta del primer mandatario y sus paniaguados de sortear el impedimento del rekutu presidencial vía enmienda, confronta de nuevo a las Fuerzas Armadas de la Nación con el mismo dilema que enfrentaron en junio de 2012: defender la Constitución contra la pretensión golpista del Comandante en Jefe, o prestarse a los designios inconstitucionales de éste.
“La misión del Ejército de Estados Unidos es defender y proteger la Constitución de la Nación”, se lee en los manuales de campaña de esa institución militar. Evidentemente, ha sido desde esa óptica institucional que el general Fraser evaluó y valoró la actitud de la Fuerzas Armadas paraguayas en la oportunidad más arriba citada. Como un camarada en situación de retiro, no puedo menos que alentar el sentimiento de patriotismo y de profesionalismo de quienes están en el servicio activo en cuanto al sagrado deber de defender la Constitución Nacional y los altos valores de la nacionalidad en ella consagrados, tal como lo hicieron el general Crist y los comandantes de fuerzas leales a su juramento, en junio de 2012.
(*) Exjefe del Estado Mayor del Ejército y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones.