Al parecer, los propietarios de la fábrica sólo expresaron una remota esperanza de solución. Los acreedores quieren recuperar su dinero y tienen cómo hacerlo. Los dueños –o exdueños– desean que la fábrica siga funcionando, pero no disponen de los medios para que así sea, salvo la buena intención.
Las personas e instituciones que pusieron dinero en la Azucarera tienen asegurada su devolución a través del remate de las maquinarias, muebles e inmuebles. O sea, mediante el desmantelamiento de la fábrica. Y los propietarios –o expropietarios– perderán, o perdieron ya, la empresa. Aun así no se quedarán en la calle. Sin fábrica, pero no en la intemperie. Sin ingenio azucarero, pero seguramente con la heladera repleta. Hambre no van a pasar. Acreedores y deudores van a solucionar sus asuntos de algún modo. Quienes van a quedar con los padecimientos son los cañicultores, esas miles de familias que viven de la caña de azúcar.
En este negocio no se trata de que una fábrica cierre sus puertas y otras sigan abiertas. Cada ingenio cuenta con sus propios productores o sus propias plantaciones. Rara vez se ven en la necesidad de comprar la caña de azúcar de otros agricultores.
Azucarera Iturbe dejó de producir desde finales del 2013, entre otros motivos porque ya no podía pagar a sus cañeros. El año pasado, y ante la angustiosa situación, el Estado le prestó dinero al ingenio para saldar la deuda que tenía con los productores. Pero fue sólo un parche, un alivio fugaz. El problema de fondo es que la caña de azúcar ya no se comercializa. No hay quien la compre.
La comunidad productiva iturbeña está representada por cinco asociaciones de cañicultores orgánicos certificados, con tres mil productores; quince mil hectáreas de cultivos y “un nombre y presencia ganados en sistemas como el de comercio justo, mano a mano, etc.”.
Incluye, además, a mil trabajadores y pequeños empresarios que proveen servicios al sistema industrial: trece millones quinientos mil dólares en ingresos genuinos entregados a los familiares directamente vinculadas al sistema productivo, con alcance a unas cincuenta mil personas en cuatro departamentos: Guairá, Caazapá, Paraguarí y Caaguazú.
Junto con los cañeros y sus familias están las otras víctimas: almacenes, despensas, carnicerías, farmacias, etc. Se entiende que así sea porque Iturbe ha dependido siempre de la azucarera.
El presupuesto municipal es de mil doscientos millones de guaraníes, de los cuales la fábrica aportaba el 25%. Ya no se podrá contar con este dinero ni con lo que aportan las casas comerciales, muchas de las cuales se verán obligadas a cerrar o a disminuir sus ventas.
Más de cinco mil productores, junto con sus familias, pronto aumentarán la cifra de la pobreza hasta tanto, en el mejor de los casos, puedan acomodarse a otras actividades.
Desde el sentido común pareciera que sería más provechoso para los cañeros, empresarios y acreedores que el ingenio azucarero se pusiese a producir. Pero se optó –para la devolución del dinero prestado– por despedazar en trocitos la fábrica y con ella la antigua y hermosa ciudad de Iturbe.Alcibiades González Delvalle
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