La azucarera Iturbe abultó su activo en forma dolosa, según el procurador general, Roberto Moreno, quien solicitó la quiebra de la empresa y la intervención del Ministerio Público ante la supuesta comisión de hechos punibles por parte de los accionistas. El Estado había “inyectado” unos G. 15.000 millones para el pago a productores de caña dulce y transportista, entre otros. El millonario monto es lo que se busca recuperar mediante la administración del ingenio, luego de la declaración de quiebra. El síndico Camilo Benítez recomendó al juez que haga lugar al pedido del procurador.

Iturbe se acaba