Esta situación anómala es un síntoma inequívoco de que el poder Ejecutivo carece de la autoridad necesaria para hacer cumplir la ley. Y no se trata solo de la autoridad moral; también estoy hablando de esa autoridad real que cualquier gobierno necesita para administrar el país y resolver conflictos.
Convine aclarar la diferencia entre autoridad moral y autoridad real: Alfredo Stroessner, por ejemplo, tenía una enorme autoridad real; sin embargo, carecía por completo de autoridad moral.
La autoridad moral, que es importante porque de ella depende el respeto y la confianza de los ciudadanos, se ha perdido en la generalizada presencia de la corrupción y en la defensa sistemática de la impunidad. La autoridad real se ha degradado en un trapicheo de concesiones y favores a cambio de apoyo político.
Esa incapacidad del gobierno se ve incrementada por el descrédito de las instituciones encargadas de administrar los conflictos. La fiscalía y la justicia, también las municipalidades e inclusive el parlamento han perdido la credibilidad que necesitan para que sus decisiones y propuestas tengan el respeto mayoritario de los ciudadanos.
Este desprestigio institucional también es en gran medida responsabilidad del gobierno y de la excesiva influencia de los partidos políticos, a través del parlamento, en la justicia. Hemos leído en estos días titulares de prensa afirmando, por ejemplo, “Nunca la Corte Suprema ha fallado en contra del poder de turno”.
Ningún ministro de la Corte ha desmentido tan insultante y drástica afirmación. Por el contrario los hemos visto escurrir el bulto una vez más, al argumentar que no podían expedirse sobre la constitucionalidad del reglamento de otro poder del Estado.
Con ese gigantesco disparate la Corte suprema renuncia nada menos que a ejercer control legal sobre los otros poderes de Estado, todo ello solamente para evitar tomar posición sobre la famosa actuación de los veinticinco senadores que sesionaron a escondidas intentando hacer posible la inconstitucional reelección presidencial.
Aunque ciertamente se ha agravado durante el gobierno de Horacio Cartes, nada de esto es nuevo, sino que ha ocurrido en varios gobiernos de nuestra inacabada e interminable transición, que, en su afán de tener y retener cada vez más poder, han ido repartiendo aquí y allá concesiones a cambio de apoyos. Esto es: renunciando a ejercer la autoridad real y efectiva de gobernar y administrar, que le concede la ley; a cambio de obtener un poder político excesivo, que la ley no le autoriza a ejercer.
El resultado evidente de esta situación es que lo único que parece funcionar como mecanismo de defensa de los intereses individuales y sectoriales es el matonismo… ¿Una decisión gubernamental no nos gusta? Cerramos la calle. ¿Una sentencia judicial nos es adversa? Organizamos una algarabía callejera. ¿Se abre una empresa que nos hace la competencia? Hacemos colapsar el tráfico, etc., etc.
Todas esas acciones aprovechan que el gobierno tiene mucho poder político, pero poca autoridad real sobre la actividad social y económica del país. Todas se justifican a sí mismas diciendo que es el “último recurso”; una argumentación falaz, pero que, como todas las buenas mentiras, contiene un porcentaje de verdad, sostenido sobre la falta de autoridad moral del Ejecutivo y el descrédito de las instituciones.
Por más poder político que tenga, el gobierno ha perdido casi toda su autoridad y las instituciones son poco confiables; porque las decisiones se toman sin tener en cuenta si son razonables, justas o legales; sino para conseguir amigos o evitar crearse enemigos políticos, el país se está convirtiendo en una bolsa de gatos donde todo se consigue por la fuerza y el temor y ya nadie recurre a la ley, a la justicia o a la pacífica negociación… Y así nos va.
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