Pareciera que la mayoría de los intendentes de nuestro país no dimensionan esta realidad, considerando que todos los días se reciben denuncias de administradores comunales que utilizan mal el dinero público, principalmente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Estos recursos deben ser destinados a mejoras de la educación pública (50 por ciento a obras de infraestructura, 30% a almuerzo escolar y 20 por ciento a proyectos que beneficien al sector educativo).
En Juan León Mallorquín, el intendente Mario Noguera (PLRA) usó G. 632 millones para construir ocho aulas en la facultad donde estudia, desde el 2012 hasta el 2015, dos aulas por año. Dejó de lado escuelas y colegios que urgen atención, como son los casos de la escuela San Agustín de la compañía Paz del Chaco Norte, ubicada a 3 Km de la Ruta VII “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia” y el “Centro de Educación Especial Jesús de Nazaret” del casco urbano.
La primera requiere de la urgente reparación del techo de un pabellón con tres aulas, ya que es una de las escuelas más antiguas, fundada en 1967. Además, precisa de dos aulas más porque la cantidad de alumnos aumentó con la implementación de la modalidad Iniciación Profesional Agropecuaria (IPA).
La segunda alberga diariamente a más de 50 niños con discapacidad. Tiene dos aulas y solo una pueden utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la otra es destinada a la cocina comedor de los niños.
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Ya lo advirtieron hace unos días los intendentes de Areguá (Denis Torres, ANR), Itacurubí de la Cordillera (Hugo Meza, ANR) y Ypacaraí (Fernando Negrete, PLRA): Fonacide hace “lucir o fundir” a intendentes. Entonces, es hora de que trabajen atendiendo las necesidades más urgentes de sus comunidades.
sara.fleitas@abc.com.py