De ella se espera que organice nuestra convivencia para que esta no se convierta en un caos, una jungla, en la que el más fuerte devore al más débil.
Para el ejercicio de la política, el Estado se organiza como tal y sus ciudadanos otorgan ese poder.
En nuestro caso bajo el sistema occidental de división de poderes, teorizado por el barón de Montesquieu, y adoptado de forma predominante en las democracias de esta parte del mundo.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, justificaba teorizando en su Espíritu de las leyes.
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En nuestras sociedades democráticas definimos entonces que el poder puede ejercerse, pero bajo un sistema de pesos y contrapesos que permite gobernar, pero bajo un control que al menos en teoría puede evitar abusos y despotismos.
Vista así, la democracia obliga a negociar, a ceder, a acordar, a buscar consensos. A tragarse incluso un buen y gordo sapo cuando haga falta.
El capítulo de esta semana fue muy gráfico, al conocerse que el Poder Ejecutivo recurrió calladamente a la Corte Suprema de Justicia el 30 de diciembre pasado, para evitar negociar con el Poder Legislativo la autorización para emitir bonos (o pagarés del Estado) por más de 500 millones de dólares.
Los tres ministros que integran la Sala Constitucional otorgaron una medida cautelar permitiendo, por ahora, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que el Gobierno emita los bonos.
La consulta de Hacienda y la aceptación de la acción por parte de la sala de la Corte se hicieron bajo la figura de la certeza constitucional, una figura que no solo no existe constitucionalmente, sino que también nos recuerda que bajo ella la Corte confirmó como presidente al entonces senador González Macchi. Es decir, mejor antecedente no podemos tener.
Más gráfico aún es todo con las declaraciones posteriores del ministro de Hacienda quien dijo que “la decisión de la Corte no condiciona nuestra interpretación.
Es un adicional, complementa, pero no condiciona. Para nosotros no existe absolutamente ninguna duda de la legalidad”. Es decir, Santiago Peña fue a la Corte para buscar el respaldo jurídico, pero admite que si no lo tiene igualmente emitirá los bonos sin esperar que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, ¿para qué puentear al Congreso e ir a la Corte si finalmente no importa lo que esta diga?
El propio asesor del Presidente para temas constitucionales, el exparlamentario Marcelo Duarte, reconoció que la figura es un invento, una ocurrencia que convierte a la Corte en mesa de consultas.
Por ello sería bueno que el Presidente escuchara de tanto en tanto a algunos de sus asesores.
“Hubiese ido al Congreso y no a la Corte” nos dijo en la 730AM el exministro de Hacienda César Barreto, quien se mostró además preocupado por el ritmo de endeudamiento público que estamos teniendo.
No es poco lo que está en juego, es una nueva deuda a cargar sobre las espaldas de las futuras generaciones.
Por eso es obligatoria la búsqueda de consensos, de acuerdos que otorguen legitimidad a decisiones tan fundamentales en el ejercicio de gobernar.
Salvo que concibamos al país solo como una empresa, en la que un patrón hace y deshace conforme a su única voluntad.
guille@abc.com.py