La política es ciencia y gestión del bien común. El poder está en el pueblo que es soberano y lo ejerce por medio del sufragio, eligiendo a quienes considera que van a dedicarse a trabajar para el bien de toda la ciudadanía.
Hace tiempo que los partidos no trabajan para el bien común, sino para el bien de sus partidarios. Si los políticos trabajaran para el bien común el país no tendría tantos ciudadanos empobrecidos, casi la mitad de la población, todos los ciudadanos tendrían vivienda, todos recibirían una educación de calidad y todos tendrían atención para su salud y encontrarían trabajo, nadie tendría que emigrar. El país cuenta con recursos sobrados para ello. Una justa distribución y participación en la riqueza lo haría posible.
Si los políticos trabajaran para el bien común, hace tiempo que la mayoría de nuestras rutas estarían asfaltadas, los puentes no se hundirían, las calles estarían bien asfaltadas y bien iluminadas, los ómnibus serían decentes, no explotarían a los pasajeros con pésimos servicios ni largarían veneno por sus tubos de escape para intoxicar a los ciudadanos, tendríamos seguridad para salir a la calle a cualquier hora sin temor a ser asaltados, todos los policías serían honestos y fieles a su profesión.
Si los políticos que nos gobiernan trabajaran para el bien común el lago Ypacaraí estaría vivo y sería transparente, lugar de encuentro para el placer de sus playas y el deporte, nuestros arroyos correrían limpios sembrando vida, fecundando tierras, llenando nuestros ríos.
Si los políticos en situación de gobierno trabajaran para el bien común nuestros niños, adolescentes y jóvenes no serían acosados por criminales vendedores de drogas, porque en vez de ser cómplices del narcotráfico y de la producción de drogas, los políticos con poder hace tiempo habrían extirpado esta lacra mortal de nuestro país.
La pasividad ciudadana ante la distorsión y la corrupción política no es un simple delito de omisión, es también un delito de negligencia e irresponsabilidad ciudadana. La historia y los nietos nos van a juzgar muy severamente, porque dejamos que se destruya el país poco a poco, que se desequilibre la sociedad cada vez más y más y estamos reaccionando como si todo estuviera bien y nada tuviéramos que hacer personal y socialmente.
El problema no es solo de los políticos que acceden a poderes de Gobierno. La basura que los vecinos tiran a los arroyos, los ómnibus chatarras que contaminan nuestras calles, las fábricas que han destruido el lago Ypacaraí no son obras del Gobierno, son barbaridades de ciudadanos que no respetan los recursos y bienes del país.
Por lo visto todavía seguimos con estructuras mentales y hábitos culturales propios de los pueblos nómadas, que conciben la naturaleza como espacio para depredar, en vez de oportunidad para producir y desarrollar la naturaleza.
La cultura depredatoria no se manifiesta solamente en la expoliación de la naturaleza, igual se ceba en el Estado. La mayoría de los ciudadanos quiere vivir a costa del Estado. El expresidente Lugo, como los anteriores, prometió reducir el número de funcionarios públicos y lo que hizo fue multiplicarlos.
Los candidatos presidenciales, como los nuevos intendentes y gobernadores, como los ministros y directores de instituciones del Estado suman y suman sus propios funcionarios, acrecentando el número de personas que viven a costa de lo que los ciudadanos aportamos para el desarrollo del país. El sueño de muchos amigos y seguidores de los presidenciables es recibir un cargo en la administración pública para vivir del Estado.
Es cierto que la educación cívica y ética que ofrecemos a los escolares y universitarios es elemental e insuficiente. Pero aunque fuera perfecta, la verdad es que la sociedad destruye escandalosamente el trabajo de los educadores. En este momento no sé cuántas instituciones públicas están defendiendo realmente el bien común. ¿Cuál es nuestro futuro?
(jmontero@conexion.com.py)