El reclamo de la diputada Celeste Amarilla, cuestionando la discriminación hacia las mujeres en su partido, encendió en realidad los reflectores sobre un aspecto del que todos hablan en privado pero pocos lo asumen en público: el costo a pagar para acceder a una banca.
Esto en medio de la discusión que se da en el Congreso, que va camino a sancionar una ley que modifica una regla del sistema electoral, al establecer que cada ciudadano podrá dar un voto preferencial, dentro de una lista, al candidato de su agrado.
Ciertamente es una ley que dará más poder al ciudadano para elegir directamente a un representante dentro de un cuerpo colegiado (Diputados, Senadores, Juntas Municipales, Juntas Departamentales), aunque esto también traerá varias consecuencias.
Una de ellas, la hiperfragmentación y personalización de las campañas proselitistas, que exigirá aún un mayor control de la financiación de las campañas electorales, ya que se amplificará aún más aquello de que quienes tengan más dinero tendrán mayor ventaja para lograr mayor visibilidad.
La declaración de la diputada Celeste Amarilla nos lleva a recordar que hoy ese control es simplemente una cáscara, similar a la rendición de cuentas del dinero del Fonacide por parte de intendentes y gobernadores.
Hasta aquí son números que se presentan sin que exista una investigación exhaustiva sobre el origen y correspondencia del dinero declarado. Es decir, ni se indaga el origen ni se exige una justificación, por lo que naturalmente tampoco existen consecuencias para los partidos y movimientos.
Como coincidía en este análisis, el senador Stephan Rasmussen, uno de los proyectistas de la ley de voto preferencial, quien recordaba el viernes en la 730AM que “el problema del financiamiento político no viene tanto de la ley, sino del cumplimiento de la ley”.
¿Y cuál es la institución que debe hacer cumplir la ley de financiamiento político? La Justicia Electoral.
Sin espíritu de aguafiestas, no se puede dejar de recordar el nivel de confianza que hoy generan los integrantes de su Tribunal Superior.
Es por ello que si no se ejerce un exhaustivo control sobre el corazón de la actividad proselitista, identificando claramente de dónde sale el dinero para financiar las campañas proselitistas, la nueva modificación en el sistema de elección solo terminará legitimando la elección de corsarios de la política.
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