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La reunión organizada por el Poder Ejecutivo con los propietarios de radios del interior el pasado miércoles para acordar la distribución de propaganda estatal recordaron al discurso único que planteaba la dictadura y coronaron una semana de acontecimientos en que los dirigentes del oficialismo tuvieron gestos con claras reminiscencias del pasado.
El problema no está en que la pauta oficial se traslade a las radios del interior. Eso es lógico, normal y hasta bueno para generar una sana competencia. El inconveniente es que la distribución no siguió los caminos comerciales normales. Se enmarcó en la disputa política. Se convirtió en una herramienta de presión.
El Poder Ejecutivo armó la reunión para confirmar la entrega de recursos, pero sobre todo para aclarar que debían publicar las obras de Gobierno. No se dijo, pero está claro que quien no siga esa senda se perderá en los enrevesados caminos de la burocracia estatal sin recibir fondos.
Las directivas no las dio uno más del Gobierno, lo hizo el vicepresidente de la República, el segundo del Poder Ejecutivo. Y para que no queden dudas que la iniciativa era del Gobierno también estuvieron el secretario de Comunicación, la directora de Conatel y el encargado de prensa de Yacyretá, responsables todos de encaminar desde la estructura estatal el dinero para las radios.
Todavía más preocupante es la intención de los dirigentes del oficialismo de plantear el debate en términos de buena y mala prensa. Los que critican al Gobierno son los malos, lo que apoyan, los buenos. El apoderado de la ANR Wildo Almirón ya anuncio que no hablará para los medios no afines. Solo hablará para los que apoyen al Gobierno. El dictador Stroessner y su séquito de adulones empezaron así y terminaron clausurando este diario.
En este ir y venir de excesos, la oposición tampoco está exenta de las responsabilidades. Plantear la resolución de los conflictos políticos mediante la eliminación física, aunque sea en broma, no es la manera más correcta de construir institucionalidad. Bajo ningún argumento es aceptable que miembros de poderes del Estado se refieran en esos términos a la figura presidencial. Pretender ahora desconocer los hechos ayudan aún menos.
En ese mismo marco tampoco es aceptable las particulares interpretaciones que pretenden dar los senadores de la oposición a la vigencia de ciertos aspectos de la ley de presupuesto público con el solo fin de entorpecer la gestión del Gobierno. Las disposiciones constitucionales son más que claras y establecen su plena vigencia.
La confrontación política también arrastra a la justicia que empieza a moverse conforme las necesidades partidarias. A mitad de semana sorpresivamente Miryam Peña, ministra de la Corte Suprema de Justicia, pidió el expediente de Camilo Soares, el exdirigente luguista que hace más de 7 años está procesado por lesión de confianza. La acción fue planteada a mitad del año pasado, pero solo ahora, un día antes de que se inicie el juicio oral, Peña pidió el expediente. Mediante esa maniobra quirúrgica la causa quedó de nuevo frenada y no hay fecha para que se retome.
Mientras Soares una vez más evitaba la cárcel, la misma justicia con una diligencia ponderable derivó al penal de máxima seguridad de Emboscada al abogado Paraguayo Cubas por manifestarse en la vía pública contra el Gobierno y pintar algunos vehículos.
A casi tres décadas de libertades públicas, la obsesión del oficialismo y el manejo interesado de la oposición sobrepasan las normales disputas políticas poniendo en riesgo la frágil institucionalidad que trabajosamente se logró construir.
ogomez@abc.com.py