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Su inmortal pensamiento viene como anillo al dedo al analizar la indignante discriminación y exclusión de la que fueron víctimas cientos de familias mallorquinas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, a quienes el intendente municipal de Juan León Mallorquín, Mario Noguera (PLRA), les negó la oportunidad de inscribirse como posible beneficiario de las 102 viviendas construidas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras la firma de un convenio entre la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senevitat) y la Municipalidad.
Para refrescarle la memoria al “jefe comunal”, recordamos que ese trato era como sigue: La EBY se compromete a construir, y lo cumplió; la Senavitat debe encargarse de la adjudicación, y están en ese proceso, mientras la Municipalidad debía ceder un terreno de 6 hectáreas, libre, sin ocupantes, y no cumplió.
La Intendencia, además de presentar una lista de los postulantes, debía cobrar por los terrenos luego de que la Senavitat emita la lista definitiva de beneficiarios. Sin embargo, antes de que el ente estatal realice siquiera el censo, haga los estudios socioeconómicos de los aspirantes y concluya a quiénes serán entregadas las casas, la administración municipal vendió unos 41 lotes y arrendó los 61 restantes. Lo hizo con el único propósito de beneficiar a los “amigos”, familiares y adherentes políticos de Noguera.
Y, sin ánimo de discriminar, porque el que discrimina es el intendente, con su actitud benefició a personas de “clase A”, ya que en su mayoría son familias de reconocida solvencia económica, comerciantes, familiares de concejales municipales.
Ante este panorama, la Senavitat tiene una magnífica oportunidad para demostrar que su verdadera misión es otorgar las viviendas a familias que realmente necesitan. De lo contrario, estaría apañando un hecho de corrupción, que lejos está de la lucha contra la pobreza, de la que alardea el presidente Horacio Cartes.
sara.fleitas@abc.com.py