Un empresario de nombre Rauand Rauf Latif presentó el viernes pasado una nota en mesa de entrada de la Cámara de Diputados, en la que responsabiliza a la diputada González de haber intervenido para lograr el cierre de su arenera en la ciudad de Villa Elisa, en agosto del año pasado. Alega que cuenta con audios, video, textos y capturas de pantallas en sus redes sociales que probarían el tráfico de influencias que habría cometido la parlamentaria.
La diputada mediante una nota dirigida a Alliana pide el tratamiento inmediato de su pedido de pérdida de investidura, y alega que el pedido lo hace con el espíritu de preservar la honorable institución de la cual forman parte, y que también lo hace por respeto a la ciudadanía a la cual se deben, reza parte de la nota presentada por la legisladora González y la diputada Norma Camacho, del miso sector político.
Asimismo, solicitan a la mesa directiva tomar las iniciativas correspondientes llevando adelante los pedidos pendientes de pérdida de investidura que existen en la Cámara, en alusión al pedido en contra del diputado Carlos Portillo (PLRA, efrainista).
Según la diputada, lo hace con el noble fin de preservar la figura constitucional de manera que la misma no pierda vigencia desnaturalizándose su espíritu y que pase a ser utilizada como amenaza, extorsión o chantaje, menciona en la misiva.
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González también recuerda a los miembros de la mesa directiva que desde el inicio de su gestión ha recibido permanentes advertencias sobre la presentación del pedido de pérdida de investidura, el cual se materializa con la presentación del empresario arenero.
Desde el inicio del periodo legislativo, los colorados y liberales amenazaron a la legisladora que iban a presentar un pedido de pérdida de investidura en su contra, si seguía promoviendo la expulsión del entonces diputado José María Ibáñez (ANR, Añetete), quien había enfrentado un proceso por varios delitos en el caso “caseros de oro”.
La actitud corporativa tanto de diputados colorados como liberales, llevó al diputado Carlos Núñez Salinas (ANR, samanieguista), hoy blanqueado por la justicia a plantear con sobradas firmas la pérdida de investidura de su colega, con el único fin de que su expulsión de la Cámara quede archivada y en un año no pueda volver a tratarse. Finalmente, la presión ciudadana pudo más y forzó al diputado Ibáñez a renunciar a su banca.